Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral, que contempla la posibilidad de realizar la consulta de revocación de mandato el 6 de junio de 2027, fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones intermedias en México.
El dictamen, respaldado por Morena y el Partido Verde —con la ausencia del PT— y rechazado por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, será turnado al Pleno para su discusión y eventual aprobación. La propuesta establece que este ejercicio democrático podrá efectuarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del mandato presidencial, lo que abre la puerta a su coincidencia con procesos electorales federales y locales.
De concretarse, en 2027 la ciudadanía votaría de manera simultánea para elegir 17 gubernaturas, renovar la Cámara de Diputados, congresos estatales y ayuntamientos, además de participar en la consulta sobre la continuidad del titular del Ejecutivo federal.
Desde la mayoría legislativa, se argumenta que la concurrencia de ambos procesos permitiría disminuir costos operativos y evitar la fatiga ciudadana ante múltiples convocatorias electorales. Sin embargo, el dictamen también contempla que la persona titular del Ejecutivo pueda difundir y promover la consulta, lo que ha generado cuestionamientos sobre la equidad en la contienda.
La oposición ha advertido que esta disposición podría traducirse en ventajas indebidas, al permitir que el gobierno en turno impulse su permanencia en el cargo en paralelo a campañas electorales, sin que exista un mecanismo equivalente para promover una postura en contra.
Además de la revocación de mandato, la reforma incluye ajustes como límites al presupuesto de los congresos locales, topes salariales para funcionarios electorales y una reducción progresiva del gasto del Senado.
