Por: Jorge Maldonado Díaz
Debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las y los trabajadores del sector rural a causa de los bajos ingresos que obtienen y de las carencias sociales que padecen, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso de la Unión presento un proyecto de decreto en materia de Pensión Rural Digna.
El diputado Arturo Bonifacio de la Garza Garza señalo que era necesario tomar acciones para garantizar un retiro digno a los trabajadores del campo.
Para tal efecto, el legislador del partido naranja señalo que dentro de la propuesta adicionan el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social y un cuarto y quinto párrafo a la fracción III del artículo 154 de la Ley de Desarrollo Sustentable.
El emecista dijo que de acuerdo a la última Encuesta de Jornaleros Agrícolas 2019, la población jornalera está entre los sectores más desprotegidos en materia de seguridad social.
Lo anterior derivado a que no tiene un acceso generalizado a los servicios de salud, ni a los sistemas de seguridad.
Además, la CONEVAL destaca que la carencia social más sobresaliente en el campo es no tener acceso a una pensión
“Es necesario que se tomen acciones concretas para garantizar el acceso de todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de todos los trabajadores”.
“Además, vale la pena destacar que los trabajadores del campo son el grupo económicamente activo de mayor edad ya que se mantienen trabajando hasta los 70 años, por la falta de un sistema de pensiones adecuado”, agregó el legislador federal.
Mediante la Iniciativa antes mencionada, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone la creación de un Fondo de Pensión Rural financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esto con el objetivo de beneficiar a todos los trabajadores del campo que cumplan con los requisitos de retiro por edad o cesantía en edad avanzada en los términos de la Ley de Seguridad Social.
El diputado federal dijo que el Fondo de Pensión Rural será independiente de otros programas sociales a cargo del Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios
