Por: Jorge Maldonado Díaz
La Auditoría Superior del Estado entrego un informe financiero de la revisión de las cuentas públicas del 2025 al Congreso Local en donde reporto irregularidades en la administración estatal.
El reporte incluye 8 mil 902 observaciones no solventadas, por un monto total de 61 mil 001 millones de pesos, de los cuales 59 mil 533 millones corresponden al Gobierno del Estado y sus paraestatales.
Muchas de estas anomalías están relacionadas con presuntas triangulaciones de recursos estatales hacia el despacho del Gobernador Samuel García y su familia.
La ASENL documentó 786 depósitos por 1,696.6 millones de pesos a un bufete jurídico y fiscal, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.
El monto se divide de la siguiente manera 728.1 millones de pesos rastreados en cuatro rutas específicas de proveedores, 385.3 millones a través de una constructora, 202.9 millones mediante empresas comercializadoras y de alimentos, 77 millones vía proveedoras de equipamiento, 62.9 millones por medio de firmas de servicios y consultoría y 968.5 millones de pesos provenientes de otros proveedores gubernamentales que siguen bajo investigación.
En una de las operaciones documentadas, un proveedor depositó 261.4 millones de pesos al despacho. Al día siguiente, la firma transfirió 262 millones de pesos a una inmobiliaria, la Auditoría reportó, además, rendimientos financieros por 418.8 millones de pesos, equivalentes a 7.2 millones de pesos netos mensuales, con ello, el monto total asciende a 2,115.4 millones de pesos.
Entre las irregularidades, al auditor superior encontró un supuesto desvió de recursos en el DIF Nuevo León.
Incluso hubo precios inflados, la cifra asciende a 1 mil 953 millones de pesos de los cuales 23.2 millones habrían llegado al despacho del Mandatario emecista tras pasar por una empresa de alimentos y otras cinco relacionadas.
En la documentación entregada a la Comisión de Vigilancia se informó que se encontraron triangulaciones desde la UANL e Isssteleón quienes recibieron en conjunto 420.6 millones de pesos, y enviaron 74.1 millones al despacho legal del Gobernador.
Cabe destacar que en el reporte a los diputados no se hace mención de funcionarios y mucho menos de empresas debido a la confidencialidad de la investigación, el auditor no nombró a funcionarios ni empresas específicas.
Carlos de la Fuente, del PAN, cuestionó sobre las triangulaciones hacia un despacho jurídico, sobre cómo se daba seguimiento a ello.







