Por: Jorge Maldonado Díaz
De no solucionarse el desabasto de medicamentos en el ISSSTELEON, el Congreso Local amago con citar a comparecer a Luis Gerardo Gómez titular de la dependencia para que rinda cuentas al Poder Legislativo.
Lo anterior lo anuncio Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada del PAN, luego de que trabajadores del Congreso denunciaron este problema a los diputados.
El líder de los legisladores panistas dijo que como primer aso solicitaran un informe de los medicamentos que hacen falta.
“Qué complicado, ya tenemos muchas manifestaciones, la semana pasada, ayer y hoy (miércoles) en la mañana cuando llegué aquí al recinto (Congreso del Estado), compañeros trabajadores que pagan su cuota de Isssteleón me manifestaron que han tenido que estar comprando los medicamentos y que no reciben un trato digno”.
“Ya me manifestaron que por favor, en representación de nuestros trabajadores y de los trabajadores del estado, levantemos la voz”, expuso.
De acuerdo a las quejas de los trabajadores del estado, el Isssteleón carece de muchos medicamentos, aunado a esto, los afectados dijeron estar batallando porque el instituto no está otorgando citas rápidamente.
Además de no brinda una atención apropiada, pero congruentemente sí cobra «puntualmente las cuotas por nómina a los empleados».
“Vamos a pedir un informe directamente al Issstelón de manera económica, y si no lo vamos a poner en la lista de los funcionarios (estatales) que vamos a llamar, para que nos vengan a rendir cuentas”, advirtió De la Fuente.
El panista también celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que los gobiernos estatales están facultados para imponer el uso obligatorio del cubrebocas.
Lo anterior derivado de las emergencias sanitarias, como la actual provocada por el covid-19.
Esta resolución del máximo tribunal del país derivó de la impugnación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del Decreto 443 que reformó la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, mediante la cual se impusieron multas de hasta 20 veces el valor diario de la unidad de medida o arresto administrativo de hasta 36 horas o trabajo comunitario a quien no utilizara el cubrebocas en lugares públicos como centros comerciales, entre otros.
