Washington, D.C.— El Gobierno del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 700 militares hacia los estados de Florida, Texas y Luisiana con el objetivo de apoyar en las operaciones migratorias, informó este martes el Pentágono mediante un comunicado oficial.
Según el Departamento de Defensa, los efectivos militares no participarán en tareas de orden público, sino que brindarán apoyo logístico y funciones administrativas relacionadas con el procesamiento de migrantes indocumentados en centros de detención operados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La medida se produce en medio de una ola de protestas a nivel nacional en rechazo a las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump, particularmente ante el aumento en las detenciones de inmigrantes. Las manifestaciones, que iniciaron en Los Ángeles, se han replicado en varias ciudades del país. Aunque mayormente han sido pacíficas, algunas derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y policías.
En este contexto, el mandatario republicano también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, una decisión que generó fricciones con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien se opuso tajantemente a la militarización del estado. Incluso, el fiscal general californiano presentó una demanda por abuso de poder contra el Gobierno federal.
Un tribunal ordenó inicialmente a Trump devolver el control de la Guardia Nacional al estado, pero una corte de apelaciones suspendió temporalmente ese fallo a la espera de nuevos argumentos legales que se analizarán esta semana.
En contraste, los gobernadores de Texas, Florida y Luisiana —todos republicanos— han respaldado la presencia militar. En particular, el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el despliegue de la Guardia Nacional la semana pasada, ante la expectativa de movilizaciones durante el fin de semana.
Las protestas en Houston, Dallas, San Antonio y Austin se llevaron a cabo con saldo mayoritariamente pacífico, aunque se registraron momentos aislados de tensión entre los participantes y las autoridades.
La Casa Blanca no ha emitido comentarios adicionales sobre la duración del despliegue ni sobre posibles ampliaciones del mismo en otros estados. Organizaciones civiles han denunciado que esta estrategia representa una escalada en la criminalización de la migración y advirtieron que seguirán movilizándose.
