Marco Antonio Almanza Avilés, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, convirtiéndose en el tercer exfuncionario vinculado a la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya que permanece bajo custodia en ese país por presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa.
La entrega de Almanza Avilés ocurre en el contexto de una investigación iniciada por autoridades estadounidenses, que involucra a exservidores públicos sinaloenses señalados por supuestos nexos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Días antes de su entrega, el excomisario acudió a un citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR), donde aseguró ante medios de comunicación que no tenía motivos para ponerse a disposición de las autoridades estadounidenses y afirmó tener “la conciencia tranquila”.
Almanza Avilés desarrolló una carrera de cerca de tres décadas dentro de la Policía de Investigación de Sinaloa. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal. Durante su trayectoria ocupó diversos cargos operativos hasta alcanzar la titularidad de la corporación investigadora estatal.
De acuerdo con la acusación presentada en Estados Unidos, habría recibido presuntos sobornos mensuales por aproximadamente 300 mil pesos a cambio de permitir operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y facilitar el traslado de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de fentanilo sin intervención policial.
El caso se suma al del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, quien fue detenido por autoridades estadounidenses tras ingresar a Arizona, así como al de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas estatal, quien fue localizado en Irlanda y posteriormente extraditado a Nueva York.
Mérida Sánchez, general retirado del Ejército Mexicano, ocupó diversos mandos militares antes de asumir la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023. La acusación en su contra señala que presuntamente habría recibido pagos de organizaciones criminales a cambio de proporcionar información sobre operativos contra laboratorios clandestinos.
Por su parte, Díaz Vega, quien encabezó la Secretaría de Administración y Finanzas durante parte de la administración de Rocha Moya, es señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente recibir sobornos y proporcionar información relacionada con operativos y actores políticos en la entidad.
Ante estos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que las entregas de los exfuncionarios fueron decisiones personales y que el Gobierno federal no participó en dichos procesos.
“Ellos decidieron entregarse”, declaró previamente la mandataria federal, quien también señaló que corresponde a las autoridades judiciales y ministeriales continuar con las investigaciones para determinar si existen responsabilidades legales.
La Fiscalía General de la República informó previamente que mantiene abiertas líneas de investigación relacionadas con las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses, mientras continúan las entrevistas ministeriales y la integración de las carpetas correspondientes.
