Por: Jorge Maldonado Díaz
Lejos de solucionarse los problemas en el Congreso Local, las pugnas entre el PRI y PAN con Movimiento Ciudadano aumentaron de tono, luego de que este lunes las bancadas se acusaron mutuamente de violencia política.
Todo comenzó cuando la diputada del PAN, Itzel Castillo Almanza subió a tribuna a solicitar un ya basta a las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en contra de legisladores, alcaldes y políticos de oposición.
Descalifico la “presunta” persecución política de la que han sido objeto diputados, familiares de estos, socios y personas ligadas a ellos.
“No podemos aceptar la triste situación en que hoy se encuentra Nuevo León, con una crisis política propiciada por el Gobierno de Samuel García, que ha recurrido al aparato del Estado para perseguir, acosar, comprar y hostigar, es decir, para usar la violencia política contra sus opositores políticos”.
“Al Gobernador y sus secuaces en las Secretarías del Medio Ambiente, Salud, del Trabajo, Protección Civil, Seguridad, UIFE, SAT estatal, se les olvida que estamos en un Estado de Derecho, que el pueblo hace tres años votó a favor del pluralismo político, de la democracia, y usan métodos intimidatorios para acabar con la oposición en un inusitado intento para que sólo queden en el poder quienes piensan igual que Samuel García”, manifestó.
En defensa del Gobierno estatal, los legisladores de Movimiento Ciudadano descartaron una persecución política en contra de priistas y panistas, y acusaron en cambio, que éstos, usando la Fiscalía General de Justicia, tiene denunciado a casi todos los funcionarios estatales.
Sandra Pámanes, acusó al PRIAN de usar de manera facciosa a las instituciones locales para emprender una “cacería” en contra de funcionarios del Estado.
Ante distintos medios de comunicación, Pámanes señaló que a través de diversas instituciones “tomadas” por el PRIAN en la entidad, se abrieron 200 carpetas de investigación en contra de funcionarios de este Gobierno.
Y es que, en días recientes, el PRIAN ha acusado a Movimiento Ciudadano de persecución política, cuando “en realidad son ellos los que siempre han vivido en la ilegalidad, usando a las instituciones de forma facciosa”.
“Ellos se pueden doler de muchas situaciones, que a lo mejor podrían cubrirse si cumplen con cada uno de los requisitos que se les piden, administrativamente, pero tenemos el otro extremo, el uso de la institución, como lo es la Fiscalía para perseguir, es una persecución total hacia funcionarios del Gobierno del Estado”, comentó.