Por: Jorge Maldonado Díaz
A pesar de que la Constitución se lo impide, el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda veto por segunda ocasión las reformas a la Ley de Movilidad para incluir tarifas sociales en el transporte público.
El reloj marcaba las 14:30 horas cuando Mauricio Treviño, integrante de la Consejería Jurídica del Gobernador se presentó en la Oficialía de Partes para entregar las observaciones.
La situación que llevo a esto al mandatario estatal fue que la propuesta no se ajusta a la realidad financiera y generaría un impacto presupuestal.
Este acuerdo fue aprobado por mayoría en el Congreso Local y por ser una respuesta al veto emitido por el ejecutivo, la administración estatal tenia la obligación de publicar el decreto en el periódico oficial.
Hoy, lejos de atender lo que por ley corresponde, García Sepúlveda decidido vetar de nuevo el acuerdo.
Lo único que podía realizar en Gobernador del Estado si estaba inconforme es acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia constitucional y no un nuevo veto.
Como se recordará las modificaciones a la ley de movilidad, permitían la aprobación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables, tarifa única de trasbordo en el transporte público, la opción de comprar un pase de multi viajes y el subsidio para las personas con discapacidad.
La acción ha generado cuestionamientos sobre su legalidad, ya que, de acuerdo con el procedimiento legislativo, una vez superado el veto y reenviado el decreto, el Ejecutivo estaría obligado a publicarlo para su entrada en vigor.
Sin embargo, Miguel Flores, Secretario General de Gobierno, dijo que no se había publicado el decreto porque había irregularidades y vicio en lo aprobado.
La administración estatal tomó las medidas aprobadas por los diputados del Congreso local como “redundantes”.
Luego de recibir las observaciones por parte del ejecutivo, la Oficialía de Partes la turnara a la mesa directiva, para que desde el pleno se le de el tramite correspondiente, es decir, se envié el veto a la Comisión de Movilidad.
