Por: Jorge Maldonado Díaz
Durante la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el ISSSTELEON descarto completamente haber adquirido medicamentos que no se entregaron.
Además, José Hernández Caballero titular de la dependencia negó cualquier desvió de recursos con empresas.
Ante los cuestionamientos emitidos por integrantes de la bancada Independiente, el funcionario estatal se limito a decir que no puede responder más allá de sus atribuciones en cómo se usa el recurso público que se les da a los proveedores.
De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado el Isssteleon transmitió 72.1 millones de pesos a una distribuidora por concepto de medicamentos.
“Yo puedo responder hasta donde institucionalmente corresponde al instituto. Lo que hagan empresas que una vez prestan un servicio al Isssteleon con su dinero, se escapa de la competencia del instituto”, dijo.
Sin embargo, más tarde, la dependencia informo que mantuvo, como en ejercicios anteriores, un convenio de colaboración con el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la prestación de servicios médicos, estudios y tratamientos especializados, incluidos los oncológicos.
Los pagos efectuados al amparo de dicho convenio en ese ejercicio ascendieron a 21 millones de pesos.
De manera independiente al convenio, el Instituto adquirió mezclas y tratamientos oncológicos mediante contrataciones que se llevaron a cabo conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.
Entre dichas contrataciones se encuentran las celebradas con Productos Hospitalarios, S.A. de C.V., por aproximadamente 19 millones de pesos, y con I Can Radio Oncology 1, S.A.P.I. de C.V., por aproximadamente 6.5 millones de pesos.
Sobre el medicamento EVEROLIMUS este no forma parte del Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto y su adquisición se realizó de manera excepcional durante 2024, por un monto total de 260,475.00.
El Instituto considera importante que cualquier señalamiento sobre el manejo de recursos públicos sea revisado y esclarecido con base en documentación, evidencia verificable y los procedimientos legales correspondientes.
