Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de detectar y atender a tiempo problemas de ansiedad, depresión y otros trastornos de salud mental en la infancia, la bancada Independiente en el Congreso Local presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley de Salud Mental del Estado.
La diputada Rocío Montalvo Adame dijo que esto era para convertir los tamizajes psicológicos en un requisito obligatorio al inicio y fin de cada ciclo escolar en todos los planteles de educación básica, públicos y privados.
La legisladora busca acabar con la omisión y la discrecionalidad, estableciendo que la aplicación de estas evaluaciones sea condición indispensable para que una escuela dé por concluido el año académico y sus alumnos puedan egresar al siguiente grado.
“La mitad de los problemas de salud mental inician antes de los 14 años, pero la mayoría no se detectan a tiempo. Mientras en las escuelas nos preocupamos por las calificaciones, estamos ignorando señales de alarma como aislamiento, tristeza profunda o cambios de conducta que pueden ser indicativos de una crisis”, declaró Montalvo Adame.
La reforma, inspirada en experiencias internacionales y en evidencia científica, obligaría al sistema educativo a que realicen estos tamizajes, y vincularía su cumplimiento con los procesos administrativos escolares para garantizar que la ley o quede en el papel.
“Hoy la ley habla de tamizajes, pero no hay un mecanismo que obligue a hacerlos. Con esta reforma, si la escuela no aplica la evaluación, no podrá cerrar oficialmente su ciclo escolar. Es un candado legal para priorizar la prevención sobre la reacción tardía”, explicó la diputada.
La iniciativa establece como protocolo que los especialistas de la Secretaría de Salud o Educación realizarán la evaluación, y si se identifica la necesidad de atención, se notificará a los padres o tutores. Si en un plazo de 10 días hábiles no se demuestra que el menor ha recibido la atención correspondiente, la autoridad educativa deberá dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar su cuidado.
“No se trata de estigmatizar y mucho menos de excluir, todo lo contrario. Es un mecanismo de protección. Queremos que cada niño y niña tenga la oportunidad de ser apoyado a tiempo, antes de que un problema emocional crezca y se convierta en una tragedia familiar”, afirmó.
“Invertir en salud mental infantil no es un gasto, es la prevención más inteligente y humana que podemos hacer. Países como España y Chile ya tienen legislaciones que protegen este derecho. En Nuevo León, con los índices de violencia y estrés que enfrentan nuestras familias, es una necesidad urgente”, concluyó.
