Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de detener la tala desmedida de árboles, transparentar el uso de los recursos recaudados por el impuesto verde y para dotar de mayor presupuesto al Fondo para el Cambio Climático, la bancada del PRI presento un paquete de reformas ambientales.
La diputada Ana González González dijo que se trataba de una serie de modificaciones a la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano, a la Ley Ambiental y a la Ley de Cambio Climático.
Tras presentar las iniciativas de reforma ante la Oficialía de Partes del Congreso local, la legisladora priísta detalló que en la Ley de Cambio Climático se busca reformar los artículos 6, 7, 28, 29 y 31 para que el Fondo Estatal para el Cambio Climático sea de por lo menos del 1% anual del Presupuesto de Egresos del Estado, ya que actualmente se destina del presupuesto solo el 0.5 % anual.
Además, en la Ley de Cambio Climático se agregan atribuciones tanto al Gobernador del Estado, como a la Secretaría del Medio Ambiente para que fortalezcan y promuevan acciones que contrarresten los efectos del cambio climático en coordinación con los municipios y la sociedad en general.
En la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano se busca modificar los artículos 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 49, y 50.
Lo anterior es para garantizar que los municipios al momento de expedir una autorización para derribo, poda, trasplante y restitución de un árbol, soliciten diagnósticos y dictámenes técnicos en donde se garantice que cuenten con información detallada de los árboles a intervenir, de su estructura general y su condición fitosanitaria.
También, en las reformas a la Ley de Protección al Arbolado se dotará de mejores atribuciones tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y a los municipios, para que cuenten con los elementos necesarios para determinar si es procedente o no una solicitud de derribo, poda, trasplante y restitución de un árbol.
En la Ley Ambiental se contempla cambiar los artículos 7 y 8 para dotar de atribuciones tanto al Gobernador del Estado como a la Secretaría de Medio Ambiente, para que se promuevan regulaciones, programas, sistemas de monitoreo, proyectos, investigaciones y tecnologías, que reduzcan las concentraciones de contaminantes en el aire en el Estado.
“Actualmente Nuevo León está sumergido en una crisis hídrica sin precedentes, Monterrey es considerada la ciudad más contaminada del mundo al reportarse los más altos niveles de P10 y reportarse día con día una mala calidad del aire, sumado también las inmensas olas de calor que se presentaron, afectando la salud de todos los que habitamos en Nuevo León”.
“Es necesario dar un paso a la acción climática de manera urgente y dejar de acabar con nuestros ecosistemas, por el bien de todos los habitantes de nuestro Estado”, agregó.
