Por: Jorge Maldonado Díaz
Porque es ilícito usar recursos públicos con fines políticos y electorales, el Grupo Legislativo de Acción Nacional presentó una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción por la coacción que el Gobernador, Samuel García Sepúlveda realiza para sumar Alcaldes y Diputados al Partido Movimiento Ciudadano.
Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la fracción señaló que varios diputados recibieron amenazas por no haberse cambiado al Partido Naranja.
“Nosotros estamos muy preocupados como Diputados de Acción Nacional por el tema de la coacción de Alcaldes y Diputados. Hoy trajimos una denuncia para que se investigue que se está haciendo para convencer de una manera tan rápida a los Alcaldes para pasar de un partido a otro, se dice que no hay una coacción y no hay un ofrecimiento económico ni para ellos ni para sus municipios”.
“El tema es que hay varios Alcaldes que dentro de su manifestación en la rueda de prensa, después de haber cambiado de partido político hacen comentarios al respecto de qué va a tener más apoyo por estar en Movimiento Ciudadano. No nos gusta que un Gobierno utilice recursos públicos para coaccionar la voluntad de Alcaldes y de Diputados”, agregó.
Cómo se recordará, la semana pasada 14 alcaldes y tres diputados renunciaron a los partidos con los que llegaron a ocupar el cargo que actualmente tienen para integrarse a las filas de Movimiento Ciudadano.
Entre priistas, panistas y del Partido Verde Ecologista dijeron abandonar las plataformas políticas y unirse al partido naranja para buscar mayores beneficios para sea municipios.
El líder de los diputados panistas afirmó que existe corrupción en la estrategia utilizada por el Gobernador y por eso se debe investigar.
“Al final los Alcaldes tienen que ver por el bien común de sus ciudadanos, llegaron por el voto de los ciudadanos igual los alcaldes y no es correcto que estén brincando de un partido político a otro sin ser público el motivo; se habla de un proyecto que está juntando actores con diferentes convicciones, al no tener algo sensato estamos pensando mal y por eso la propia autoridad debe de investigar y definir si se comete un delito o no”.
“El utilizar recursos públicos para coaccionar a la voluntad de un funcionario es un hecho de corrupción. Llegaron con seis Diputados de representación proporcional y ahora tienen 8 Alcaldes, tienen 19 y los presumen y tienen 11 Diputados hay que ver cuál es el motivo de ese convencimiento y lo peor, dicen que van por más”, añadió el legislador albiazul.
Carlos de la Fuente recalcó que la preocupación es porque hay recursos y el presupuesto de Nuevo León ha recibido impuestos federales que pueden ser desviados con fines políticos.