Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Con el apoyo de la Coalición Anticorrupción y la Caintra, las bancadas de Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza en el Congreso local presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa.
Lo anterior servirá para que las apelaciones a resoluciones de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas no sean resueltas por esta misma, es decir que las apelaciones a las resoluciones de esa Sala las resuelva la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa.
Los promoventes plantearon que esa reforma se dictamine con urgencia durante el actual periodo de sesiones y antes de que se vote la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas.
Agregaron que esa adecuación sería necesaria para ajustar la norma con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Horacio Tijerina, Diputado local de Movimiento Ciudadano, dijo que la Justicia Administrativa en Nuevo León se reformó mediante el decreto 347, publicado en el Periódico Oficial del 19 de marzo de 2018, para adicionar la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas.
Sin embargo, dicha reforma contiene errores graves como lo es el que ésta conozca y resuelva el recurso de apelación a sus resoluciones, lo que no es legal.
“A como está actualmente, sería la misma autoridad la que resolvería esa situación cuando hay un principio constitucional que dice que la misma institución no puede hacer la revisión. En este caso, lo que se haría es que estamos dando facultades a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, para que sean ellos los que revisen los fallos de la Sala Especializada”.
El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, dijo que esa reforma busca continuar con el ciclo de reformas integrales al Sistema Estatal Anticorrupción, dotándole de atribuciones de «Tribunal de Alzada» a la Sala Superior.
“No puede haber un Tribunal que resuelva sobre el fondo de sus propias resoluciones en un proceso de apelación, eso es no solamente anticonstitucional, si no violatorio de las garantías que debemos disfrutar todos los ciudadanos”.
En asuntos generales, María Dolores Leal, de Nueva Alianza, presentó la iniciativa al pleno y pidió resolverla a la brevedad.
