Por: Jorge Maldonado Díaz

Representantes de 18 organizaciones de defensa animal presentaron este miércoles una iniciativa para que la Constitución incorpore a los animales como ‘seres que sienten’ y no cosas.

Por tal motivo, los integrantes encabezados por la exdiputada Claudia Tapia Castelo dijo que esto era indispensable ante el incremento de los casos de maltrato en Nuevo León.

Al acudir a la Oficialía de Partes del Congreso Local, la exlegisladora dijo que se trataba de una reformar el Artículo 3 de la Constitución, en favor del bienestar animal.

Los casos de maltrato y crueldad animal en nuestro estado van en un considerable aumento, para darnos una idea, el año pasado la Fiscalía abrió 120 carpetas de investigación y esa cantidad es casi el doble de los 73 casos investigados en el 2020 y son muchos más que los 33 del 2019”.

“Los animales son seres ‘sintientes’ y por tal razón toda persona que habite o transite en el estado tiene la obligación jurídica de respetarlos, en el marco constitutivo de la Constitución los animales siguen siendo objetos, cosas, pueden ser una mesa o una lámpara”, agregó.

Tapia Castelo pidió el apoyo de los actuales legisladores porque urge atender este problema por parte del Congreso del Estado.

Indicó que si bien ya se avanzó mucho en la materia al lograr que se les reconozca a los animales como seres sintientes, esto se quedó pausada, pese a que estaba aprobada para pasar a pleno.

Lo que buscamos en convertir a los animales en seres sintientes y que, como tales, tengan derecho a recibir protección y bienestar por parte del Estado”, manifestó Gerardo Prado, de GuaPerros.

“La Declaración Universal de los Derechos de los Animales que se firmó en la ONU hace muchos años, ya establece está obligación en los estados parte y México forma parte de ellos, reconocer el estado de seres sintientes para que de ahí se desencadene una serie de protecciones”.

Los animales serán considerados seres sintientes, por lo que se les garantizará un trato digno por parte de las personas, así lo acordó el Congreso del Estado mediante un dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable el pasado dos de febrero del 2021.