Por: Jorge Maldonado Díaz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazo el recurso de reclamación interpuesto por el Poder Judicial del Estado con el que pretendía tomar el control del Instituto de Defensoría Pública.
Esto se da un día después en que el pleno del Congreso Local aprobó por mayoría la nueva Ley de Defensoría de Oficial con el que pretenden que esta dependencia ya no dependa del mandatario estatal y que pase a manos del Consejo de la Judicatura.
La Segunda Sala no aprobó la revocación contra una suspensión de amparo a favor que el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda había obtenido para ponerle un alto a la toma de posición del órgano, una vez que el Congreso Local aprobó por mayoría cambios a la ley.
Al llevar a cabo la sesión en donde se tocaron varios temas, los magistrados dividieron el voto.
Es decir, la ministra Loretta Ortiz al presentar la resolución pretendía declarar fundada la queja del PJE y revocar la suspensión.
Sin embargo, al someter el expediente a votación solo tuvo el apoyo de uno de sus compañeros, el de la ministra Yasmín Esquivel.
Los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Láynez votaron en contra del proyecto.
“Queda sin materia el recurso de reclamación”, se lee en el portal de acuerdos de la Suprema Corte.
Cabe señalar que no todo esta terminado para el Poder Judicial del Estado, ya que la Controversia Constitucional con la que el ejecutivo estatal pretende impedir que la Defensoría de Oficio pase a manos del Consejo de la Judicatura sigue bajo análisis de los magistrados.
Esto tras las modificaciones a la ley avaladas por los diputados de las bancadas mayoritarias del Congreso Local el pasado mes de febrero del presente año.
En esta se llegó a la conclusión de que el PJE pueda asumir atribuciones y recursos financieros de la Defensoría, en cumplimiento a una reforma constitucional aprobada el 22 de febrero por el Congreso.
Incluso, el pasado 14 de abril el Poder Judicial con apoyo de la fuerza pública procedió a tomar las instalaciones del instituto, luego de que un Tribunal Colegiado declarara la validez del decreto 341 que indica que la Defensoría pasa a ser jurisdicción del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, que encabeza Arturo Salinas.
14 días después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión para evitar que el Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León pase a manos del Poder Judicial del Estado.
