El Ministerio Público abrió, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, 11 investigaciones fiscales por las muertes de ciudadanos ocurridas en las movilizaciones sociales, con el fin de determinar a los responsables.

Del mismo modo, la Fiscalía dispuso el inicio de 18 investigaciones por lesiones de personas en el contexto de las manifestaciones, así como la apertura de 105 carpetas fiscales para investigar a quienes presuntamente habrían cometido delitos de resistencia a la autoridad, disturbios, contra la tranquilidad pública, entre otros.

De acuerdo a las cifras del Ministerio Público, producto de los enfrentamientos en las protestas, se reportaron 54 fallecidos, 53 civiles y un efectivo policial, así como 793 heridos, de los cuales 435 son civiles y 358 agentes de la Policía Nacional.

Además, otras 16 personas han perdido la vida en distintos incidentes vinculados a los bloqueos de carreteras, el principal medio de protesta, según distintas fuentes.

Entre ellos, se encuentra personas que fallecieron al impedir los bloqueos el traslado de enfermos o recién nacidos.

Asimismo, se ha registrado 639 detenidos, de los cuales 53 vienen cumpliendo con una orden de detención preliminar y ocho se encuentran con prisión preventiva.

En un comunicado compartido en redes sociales, el Ministerio Público garantizó que las investigaciones se realizarán con “estricto respeto a las leyes” que rigen en el país y la defensa de los derechos humanos con “orden, firmeza y celeridad”.

Las manifestaciones de protesta estallaron en Perú tras la asunción constitucional de Dina Boluarte como presidenta del país y reclaman su renuncia al cargo, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales adelantadas, así como una asamblea constituyente.

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