La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno evalúa emprender acciones legales contra la empresa estadounidense SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, debido a los posibles impactos ambientales y de seguridad provocados por el reciente lanzamiento fallido de un cohete en la frontera entre Estados Unidos y México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que se está realizando una revisión jurídica internacional para determinar si se han violado leyes ambientales o de seguridad. De confirmarse, advirtió, se procederá con las demandas correspondientes.
“Se está haciendo una revisión internacional, qué leyes se están violando y, a partir de ahí, iniciaremos un proceso”, declaró Sheinbaum Pardo.
El caso se remonta al 18 de junio, cuando el cohete Starship explotó tras su lanzamiento desde la base de SpaceX en Boca Chica, Texas, ubicada a escasos tres kilómetros de la frontera mexicana. Tras la explosión, fragmentos del artefacto cayeron al océano Atlántico y fueron arrastrados por las corrientes marinas hasta playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas.
Entre los residuos retirados por las autoridades mexicanas se encontraron fragmentos de caucho, plástico, silicona, aluminio, tanques de enfriamiento y envases, aunque ambientalistas advierten sobre la posible presencia de microbasura espacial y sustancias tóxicas.
Esta situación ha generado alarma entre comunidades ambientalistas y autoridades locales, especialmente por la afectación directa a los ecosistemas costeros. Como medida precautoria, fue suspendida la liberación de 10 mil crías de tortuga Lora, especie en peligro de extinción, ante el riesgo que representan los residuos.
“No solamente se trata de una revisión técnica, sino de los impactos que tienen estos lanzamientos en nuestra soberanía, en la seguridad y en el medio ambiente”, agregó la presidenta.
Expertos han advertido que los restos del cohete podrían contaminar la flora y fauna del litoral mexicano, además de representar una amenaza para la salud humana al ingresar en las cadenas alimenticias.
La administración federal enfatizó que se tomarán todas las medidas necesarias, en el marco del derecho internacional, para proteger el medio ambiente y exigir responsabilidades ante lo ocurrido.
