Estados Unidos.- El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos por conspiración para cometer torturas imputados por la Fiscalía de Estados Unidos, durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en la corte de Nueva York.
La comparecencia abordó la acusación actualizada en la que el Departamento de Justicia extendió formalmente a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, delito que hasta ahora solo pesaba sobre el exmandatario.
«Rechazo este documento en su totalidad, con todas sus falsas acusaciones y alegaciones», expresó Maduro, de 63 años, a través de un intérprete. Ante la insistencia del procesado en criticar el pliego acusatorio en lugar de emitir un fallo formal, el juez Hellerstein asentó la declaración de no culpabilidad en su nombre. Por su parte, la exfiscal general Cilia Flores, de 70 años, manifestó: «Soy completamente inocente. No soy culpable».
Detalles de las acusaciones
Según la acusación formal, Maduro habría supervisado una red sistemática de torturas dentro del aparato de inteligencia venezolano que incluía golpizas, asfixia, descargas eléctricas y tortura psicológica, como amenazas de muerte a familiares de prisioneros políticos. El expediente sostiene además que Flores participó en el desarrollo de dicho sistema represivo y ordenó agresiones contra personas específicas.
Ambos fueron capturados en Caracas por el ejército estadounidense durante una incursión nocturna en enero pasado. Sus abogados defensores, encabezados por Barry Pollack, han solicitado la desestimación del caso alegando inmunidad diplomática y soberana al momento de los hechos.
Calendario judicial
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17 de diciembre: Se llevará a cabo la vista oral referente a los cargos de tráfico de drogas.
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14 de junio de 2027: Fecha definitiva fijada por el tribunal para el inicio del juicio, tras acordarse una postergación a petición conjunta de la defensa y la fiscalía.
El procesamiento de exmandatarios extranjeros por delitos de tortura bajo jurisdicción estadounidense constituye un precedente sumamente inusual en los tribunales federales, reservado históricamente a contados casos de crímenes de guerra e infracciones graves al derecho internacional.
