A partir del próximo 1 de julio, más de 700 mil trabajadores de plataformas digitales podrán afiliarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit, como parte de un plan piloto impulsado por el gobierno federal, que busca regular la labor en aplicaciones como Uber, Didi o Rappi y garantizar derechos laborales básicos.
El anuncio fue hecho este viernes por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, quien explicó que esta medida es el primer paso para implementar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada en diciembre de 2024, la cual reconoce por primera vez una relación laboral entre repartidores y las plataformas digitales bajo un esquema flexible.
“La implementación de la reforma está ya en marcha… el piloto será obligatorio y servirá para poner en operación los mecanismos de inscripción, cotización y atención a riesgos de trabajo”, detalló el funcionario.
El plan piloto se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025 y no implicará cambios en el esquema fiscal actual, por lo que no habrá aumento de impuestos, ni en ISR ni en IVA.
De acuerdo con la STPS, los repartidores que perciban al menos un salario mínimo mensual podrán acceder a la cobertura completa del IMSS e Infonavit, incluyendo atención médica, prestaciones sociales, crédito para vivienda, invalidez, riesgos de trabajo y guarderías.
“Nos garantiza estabilidad laboral. Ya no más desconexiones ni bloqueos de cuentas. Dejamos de ser trabajadores desechables”, expresó Saira Garduño Tovar, representante de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación.
La reforma mantiene la flexibilidad laboral que caracteriza al sector: los trabajadores conservarán la libertad de decidir cuándo y cuánto trabajar. Sin embargo, se establecen nuevas garantías como la prohibición de que las plataformas cobren por el uso de la aplicación, y se exige que los algoritmos sean claros y comprensibles para los usuarios.
Además, las plataformas no podrán desconectar a los repartidores automáticamente mediante algoritmos sin que antes tengan derecho a audiencia y a presentar su caso ante una persona.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum considera esta reforma como un paso clave en su proyecto de modernización y justicia laboral. “Es una regulación pionera que responde a una lucha de más de diez años”, remarcó la STPS.
