Por: Jorge Maldonado Díaz

El Congreso del Estado se verá imposibilitado para votar el próximo lunes los dictámenes con la que el Congreso local pretende quitar al Gobierno el control de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y la Subsecretaría de Administración Tributaria (SATNL) al Gobierno del Estado.

Lo anterior debido a que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa le concedió un amparo contra las acciones que quieren ejercer los legisladores.

Este recurso lo obtuvo la ciudadana Celia Alexandra Ramos Alejandro con el que impide al Congreso Local sesione un periodo extraordinario.

Al corroborar el listado de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal en el listado de acuerdos de este viernes aparece la orden expedida por el juez.

“Se concede suspensión provisional, se pide previo. Cítese a las partes a la audiencia incidental que se llevará a cabo a las once horas con veinticuatro minutos del nueve de junio de dos mil veintidós”, se lee en el resolutivo.

De acuerdo con fuentes relacionadas con el caso, este amparo fue solicitado por una asociación civil que tiene casos de corrupción denunciados en la UIFE.

Y considera que se verían afectados si la dependencia es convertida en un órgano autónomo, como pretenden los Diputados del PRI y PAN.

Ante tal situación, la parte afectada pidió que no se desarrolle un segundo periodo extraordinario.

Con el objetivo de que no sea publicada la votación en el primer periodo extraordinario y que el Congreso no pueda votar nada que no sea urgente o que lo haya pedido el gobernador.

Dicho lo anterior señaló que no se cumplen los criterios legales para que se realice un período extraordinario para atenderlo.

Cabe recordar que el Congreso del Estado cito para el próximo lunes a periodo extraordinario en donde están enlistados 59 asuntos, entre ellos los dos expedientes de la UIFE y el SAT.

La suspensión provisional de amparo le será notificada al Congreso del Estado para que los legisladores no puedan desarrollar este segundo periodo extraordinario en donde se perfilaba que en el Pleno le quitaran al gobierno la UIFE y el SAT, ambos órganos fiscalizadores e investigadores de la Tesorería estatal.