Es injustificable y lamentable que el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, haya desestimado primero, y tomado a la ligera después, la opinión técnica del Colegio de Ingenieros Civiles sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es conocida su convicción ideológica –porque está metida de esa forma en su cabeza– que la mejor opción para una nueva terminal aérea es la que sugirió su amigo y asesor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, José María Riobóo, 10 meses después de no ganar la licitación para construir las pistas del nuevo aeropuerto.
El Colegio fue una de las instituciones técnicas a las que les pidieron López Obrador y Jiménez Espriú que emitieran su opinión sobre la viabilidad y factibilidad de un nuevo aeropuerto en Texcoco o Santa Lucía, y aportaran elementos al debate público. Así lo hizo el Colegio y determinó que Santa Lucía no era una opción y costaría 66 por ciento más que Texcoco. Jiménez Espriú dijo que estaban mal sus cálculos sin dar a conocer los suyos, basados en expertos chilenos, que dijeron que era Santa Lucía, no Texcoco, donde estaba la terminal prometida, cuyos nombres mantiene en secreto. Hasta ahora no se conoce el proyecto ejecutivo de Santa Lucía, propuesto por él y Riobóo, para que los expertos lo puedan examinar. Sólo palabrería del futuro secretario, que en este caso se acercó más al arrebato contra quienes contradijeron su idea.
La discusión ha sido política desde la campaña presidencial, cuando López Obrador dijo que era una obra “faraónica”. El presidente electo ha ido modulando su discurso y encontró en una consulta pública –o encuesta nacional– la salida al entuerto retórico en el que se metieron. Sólo como antecedente a esa propuesta, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de la obra, administración y operación del nuevo aeropuerto, se ajustó a los Principios de Ecuador, un código de prácticas para determinar, evaluar y administrar los riesgos sociales y ambientales de los proyectos, que fortalecen las posibilidades de financiamiento, y realizó una consulta pública en toda la zona del nuevo aeropuerto y entabló un diálogo social en los cinco municipios aledaños a la obra, donde viven alrededor de 300 mil personas, donde obtuvo 75 por ciento de aprobación al proyecto.
Esa consulta no fue nacional y se enfocó a los municipios donde tendrán una afectación directa por la nueva obra. La consulta nacional, o la encuesta que se ve como una alternativa por razones de tiempo, se está impulsando desde el equipo del presidente electo con una petición concreta a los medios: abrir espacios al debate sobre la nueva obra. El llamado a los medios ha sido bien recibido porque ello permite que los niveles de información de calidad sobre la obra se socialicen y la gente pueda tomar mejores decisiones. Por eso, la postura de Jiménez Espriú contradice el interés de López Obrador para abrir la discusión sin prejuicios.
La discusión sobre el nuevo aeropuerto, como se apuntó aquí el viernes, debe escapar del cómo no se construye en uno u otro lado, y cómo sí se construye. El cómo sí, por el avance de la obra en Texcoco y los costos que tendría su cancelación, no sólo económicos, sino los financieros –al perder calificación de deuda–, debe dejar en paz la opción de Santa Lucía y enfocarse en cómo y qué se debe hacer para mejorar la obra actual. Esta argumentación es lo que quiere presentar el Consejo Coordinador Empresarial al presidente electo, como un alegato de apoyo a que la obra “faraónica” que planteaba sin información correcta –Riobóo le aportaba datos parciales e incorrectos– se convierta en un detonante para el desarrollo para el nuevo gobierno.
El Grupo Aeroportuario ya ha hecho avances en ese sentido, derivados sin duda alguna por las críticas de López Obrador al costo de la obra, y se han hecho ahorros por más de 12 mil 500 millones de pesos al diseño actual de la terminal con el cambio de componentes, y cuatro mil más por una nueva tecnología en el soporte de la torre de control, que resiste un sismo de 10 grados. Otros ocho mil 500 millones de pesos, según los expertos, podrían añadirse si se simplifica el diseño arquitectónico del edificio terminal y del centro intermodal de transporte.
Expertos mexicanos recomiendan que se tendría que negociar con el arquitecto Norman Foster, quien hizo el diseño de Texcoco, y Parsons, que administra el proyecto, para realizar esas modificaciones y reducir su costo por metro cuadrado. Funcionarios mexicanos dijeron que ya están negociando positivamente con Foster en algunos cambios, el de los materiales en los acabados de la terminal.
Otras propuestas que podrían ser consideradas, que se encuentra entre las ideas que quieren incluir los empresarios en el documento final del Consejo Coordinador Empresarial, es que se hagan ajustes en la política aeronáutica que generen fuentes de ingreso y financiamiento adicionales, que incluye otro tipo de impuesto de uso de aeropuerto a pasajeros en conexión, el sistema preclarence, para que se pase migración y aduana estadounidense en México –este modelo, que se aplica en Canadá y parcialmente en Tijuana, también está negociándose– y sea un hub internacional, así como abrir las llamadas quintas libertades, aunque esta posibilidad enfrenta mucha presión de las aerolíneas estadounidenses que, por ejemplo, ha impedido que Emirates, hasta ahora, pueda volar a México.
Las posibilidades del cómo sí habrá un nuevo aeropuerto existen claramente. Pero hay que despojarse de arrebatos y aportar información y argumentos. A todos nos beneficiará.
