Por: Jorge Maldonado Díaz
Con la finalidad de acabar con los fraudes inmobiliarios, este martes, la Comisión de Legislación del Congreso Local aprobó por mayoría reformas al Código Civil.
Claudia Caballero Chávez, diputada local del PAN aseguró que el fin de la reforma era para que se puedan celebrar preventas, siempre y cuando haya permisos del municipio.
“La finalidad es darle certeza jurídica y con el candado de que no se puede celebrar ninguna preventa sin la autorización ni los permisos de construcción por parte del municipio explicando todos los términos y lo que hemos visto de fraudes donde ya no se siguen la construcción”.
“Este es un primer paso, tendremos que fortalecerlo, vamos a convocar a mesas de trabajo si los compañeros de la comisión nos lo permiten, a mediados de enero o de febrero para proteger a los ciudadanos de Nuevo León debido a qué hay mucha oferta (de desarrollos y operaciones inmobiliarias)”.
“Yo creo que ahorita vamos caminando es un paso para este tema de preventas que se puede mejorar sí, pero por lo pronto estamos dando certeza”, señaló.
José Luis Garza, diputado local de MC, votó en contra de la propuesta, argumentando que tiene vicios.
“Se busca regular la preventa inmobiliaria y en el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano dejamos claro que no estamos en contra de su regulación, (pues) reconocemos que existen abusos y fraudes que deben atenderse. Sin embargo, la propuesta presenta deficiencias graves de técnica jurídica y certeza legal, por lo que no podemos acompañarla en sus términos”.
“La reforma se limita a señalar que se trata de un ‘ofrecimiento’, sin precisar si se configura como un contrato de promesa, un contrato preparatorio o una figura sui generis; no obstante, le atribuye efectos y sanciones relevantes, lo que vulnera el principio de certeza jurídica. Además, trata de manera igual a proyectos de distinta magnitud, sin atender criterios de proporcionalidad ni razonabilidad regulatoria”.
“Se obliga también a incluir información bancaria sin un marco claro de protección de datos y se establecen plazos que carecen de debida justificación jurídica. Particularmente grave resulta que se tenga por aceptada la oferta con la simple entrega de un depósito o numerario, eliminando la manifestación expresa del consentimiento, lo que puede configurar un vicio del consentimiento conforme al Código Civil y generar la nulidad del acto”, indicó.
Caballero Chávez, señalo que será hasta el próximo año cuando darán inicio con mesas de trabajo para sacar el tema adelante.
