Por: Jorge Maldonado Díaz
Por unanimidad, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal para sancionar penalmente a la persona que comete fraude a favor de un tercero, aunque el beneficio no sea para sí mismo.
Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la bancada y promovente de la iniciativa aseguró que el objetivo de esta les es combatir la impunidad en uno de los delitos más comunes que aquejan a la ciudadanía.
Argumento que es muy lamentable que las personas se aprovechen de las necesidades económicas de la población.
Precisó que actualmente cuando alguien comete fraude sólo se comprueba cuando la persona responsable obtuvo un beneficio directo, pero no se sanciona cuando el beneficiado resulta ser un tercero, lo que representa una laguna de la que se aprovechan los delincuentes.
“En Nuevo León es muy común engañar a las personas solicitando dinero para un negocio, pero la persona que comete el fraude logra evadir la acción de la justicia si lo entrega a un tercero, y ese vacío en la ley es el que queremos resolver con esta propuesta”.
“Como legisladores no podemos permitir que los delincuentes se aprovechen de la situación financiera de las familias de Nuevo León, hay que poner un alto y castigar a las personas que cometen fraudes”, aseveró.
Por su parte, el diputado Jesús Aguilar Hernández detalló que el modus operandi de fraude cada vez es más frecuente, y ha sido motivo de que varias familias se hayan quedado sin su patrimonio.
“El presente dictamen busca reformar el artículo 385 del Código Penal, a fin de ampliar el tipo penal para contemplar dentro de los elementos esenciales de este, que el beneficio obtenido en los hechos fraudulentos no tenga necesariamente que ser percibido por el sujeto activo, si no por cualquier otra persona, tal y como ya se tiene contemplado en otros códigos penales a lo largo y ancho del territorio nacional”, manifestó en tribuna.
“Cualquier persona que sea víctima de fraude aún sin saber con detalle los elementos y alcances de este, sabría simple y sencillamente identificarlo”.
“A lo largo de la historia, las conductas derivadas de este acto se han considerado como incompatibles con los valores de una sociedad democrática y respetuosa de la libertad y patrimonio de las personas”, agregó.
