Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de incrementar las penalizaciones contra aquellos automovilistas que obstruyan espacios de estacionamiento preferencial o rampas de acceso peatonal destinadas a las personas con discapacidad, la bancada Independiente en el Congreso Local presentó una nueva iniciativa de reforma legal.
La diputada Rocío Montalvo Adame, mencionó que, según cifras del INEGI, en Nuevo León residen más de 220 mil personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente 103 mil enfrentan retos de movilidad que les dificultan realizar actividades básicas como desplazarse por la vía pública o subir escalones, de acuerdo al Censo 2020.
En el municipio de Juárez, zona que representa, se estima que existen al menos 5 mil 062 ciudadanos con discapacidad motriz que sufren constantemente por la falta de respeto a los espacios exclusivos asignados.
“Esta propuesta sigue insistiendo en la necesidad de modificar la Ley que regula la Expedición de Licencias para Conducir para establecer la suspensión temporal del documento como una medida correctiva, porque las sanciones económicas son insuficientes y no han demostrado que desincentiven estas prácticas abusivas”.
“Queremos erradicar estas conductas que violen el derecho a la movilidad y los derechos humanos de la población que vive con alguna discapacidad”, afirmó la diputada Montalvo Adame.
El texto de esta nueva iniciativa propone sanciones como lasuspensión de la licencia de conducir por un periodo de hasta un mes y el retiro del documento por un lapso de dos meses.
La diputada hizo énfasis en que las autoridades tienen la responsabilidad de remover los obstáculos que impiden una integración plena y efectiva en nuestras vialidades.
Actualmente, los reglamentos de tránsito municipales solo contemplan multas económicas que oscilan entre las 3 y 5 UMAs (alrededor de 586.55 pesos máximo), monto que ha resultado insuficiente para frenar esta problemática.
Finalmente, la coordinadora de Únete Pueblo enfatizó que la reforma no es recaudatoria, sino que busca darles a los ayuntamientos facultades y herramientas legales más contundentes que sí logren disuadir a los infractores de forma efectiva.
