Por: Jorge Maldonado Díaz
Monterrey, NL.- Al iniciar sus labores como diputada local, Anylu Bendiciones Hernández Sepúlveda, coordinadora de la bancada de Morena arremetió contra los legisladores salientes por haber dejado sin efecto la sanción en contra del Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.
La morenista aseveró que a pesar del ordenamiento de los tribunales, el Congreso Local simplemente hizo caso omiso. “Desafortunadamente, el Congreso del Estado de Nuevo León no logró corregir las fallas, al contrario, fue cómplice del endeudamiento y de la corrupción.
Asimismo, fue omiso en cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que exigía una sanción al Poder Ejecutivo Estatal por violaciones reiteradas a la legislación electoral, en su triste aventura política por llegar a la Presidencia de la República”.
“Dicho de una manera sencilla, se utilizaron los recursos del pueblo de Nuevo León para favorecer una campaña política, en vez de usarse para atender los problemas de nuestro Estado”.
“Este poder legislativo fue participe de procesos legislativos desaseados, donde fue en reiteradas ocasiones parte demandada ante los más altos Tribunales de la nación, perdiendo controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y numerosos juicios de amparo”.
“Y ante sus desacatos, fue sujeto de sanciones administrativas, llevando a sus integrantes al filo de una posible destitución y sanción penal. Dicho de otra forma: este congreso, donde se hacen las leyes, no las cumple”, señalo
Cabe recordar que fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien solicito al Congreso del Estado de Nuevo León imponer sanciones al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, y al secretario de gobierno, Manuel Florentino González, por irregularidades electorales de 2018.
Ambos funcionarios neoleoneses incurrieron en anomalías para favorecer al entonces gobernador con licencia, Rodríguez Calderón, pues se confirmó que usaron a 572 trabajadores del Estado, es decir recursos públicos, para recolectar firmas en pro de su candidatura presidencial independiente.
Sin embargo, no el Gobernador y mucho menos el Secretario General de Gobierno recibieron sanción alguna.
