Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de realizar cambios en defensa de las víctimas del delito de suplantación de identidad, la bancada de Movimiento Ciudadano presento una iniciativa para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
La diputada Brenda Sánchez Castro señalo que esto ya se encuentra tipificado como delito, sin embargo sus efectos derivados no se encuentran regulados, por lo que la mayoría de los casos de robo o suplantación de identidad, no existen responsables, culpables, o detenidos por dicho delito.
Y es que, posterior a la suplantación de identidad, es común que los victimarios usen dichos datos personales para cometer el delito de fraude, por ejemplo, en bancos o centros comerciales, dejando una deuda para el afectado.
Para la defensa de las víctimas, con la iniciativa se busca que el Ministerio Público dicte una resolución en la que se determine que existe la comisión del delito de suplantación de identidad, la cual puede ser vinculatoria para otras autoridades a fin de aminorar los efectos del crimen del que fueron objeto.
Es decir, con la resolución del Ministerio Público, la víctima tendrá un documento oficial con el que puede sostener que sufre suplantación de identidad, lo que no existe actualmente.
“La suplantación de identidad se realiza para posteriormente, con la identidad que robaron, realizar fraudes a través de compras o contrataciones de bienes o servicios a nombre de la víctima, de tal forma que el robo de identidad y el fraude están íntimamente vinculados y los dos delitos son cometidos por el mismo delincuente”, dijo Sánchez.
La Diputada de la Bancada Naranja advirtió que este delito está creciendo, incluso, a nivel mundial.
Según datos del Banco de México, refirió Sánchez, el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial.
“Frente a un delito que crece de manera exponencial, el vacío en la ley se convierte en cómplice de los delincuentes, ya que genera las condiciones necesarias para que puedan cometer dicho ilícito sin mayores consecuencias”, comentó.
“Asimismo, la falta de legislación adecuada, significa un impedimento para las autoridades a fin de poder perseguir y castigar la comisión de este delito adecuadamente”.
