Con siete votos contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia rechazó eliminar por completo la prisión preventiva, contemplada en la Constitución.
Con ello se desecha el proyecto del ministro Luis María Aguilar, apoyado por Arturo Zaldívar, Norma Piña y Alfredo Gutiérrez
La prisión preventiva oficiosa es la que se dicta a la persona por el mero hecho de ser acusada por uno de los delitos que prevé el Artículo 19, para que esté recluida durante el proceso mientras se resuelve si es culpable, lo que en muchos casos se prolonga durante años.
Los ministros que rechazaron el proyecto argumentaron carecer de facultades para controlar la Constitución, inaplicar sus normas o derogarlas de facto, pues la Corte es un poder constituido por la propia Carta Magna, no un poder constituyente, y por tanto sólo puede vigilar que las leyes secundarias se ajusten a la Ley Suprema.
«Se instauraría de facto un Gobierno de jueces. Inaplicar el día de hoy una disposición de nuestra ley fundamental equivale a invalidarla, y eso representa un punto de no retorno en la historia constitucional de México. Jamás podríamos volver. Una vez tocada por nosotros la Constitución, esa puerta siempre quedaría abierta», señaló Margarita Ríos-Farjat.
Pese al rechazo al proyecto, está por verse si una interpretación menos radical, propuesta ayer por el ministro Juan Luis González Alcántara, logra convencer a suficientes ministros como para generar una nueva mayoría.
El debate continuará el jueves luego de que Aguilar pidió no tomar la votación oficial y dar tiempo a una réplica y posible replanteamiento de su propuesta.
Zaldívar advirtió que tanto el proyecto de Aguilar como otro de Piña, que es un amparo en revisión sobre el mismo tema, tendrán que ser resueltos el jueves. El Pleno no sesionará en la semana de fiestas patrias.
Según la propuesta de González Alcántara, prisión preventiva «oficiosa» no quiere decir «automática», sino únicamente que los jueces, en esos 16 delitos, siempre deben analizar si encarcelan o no al acusado, aun si no lo pide la Fiscalía.
Esta interpretación tendría un impacto práctico parecido al del proyecto de Aguilar, pero sin llevar a la Corte a ordenar la virtual derogación de una norma de la Constitución, algo que nunca en su historia ha hecho.
Ríos-Farjat, y, aparentemente, también Javier Laynez dijeron hoy que apoyan la idea de González Alcántara.
Pero otros cuatro ministros simplemente anunciaron su voto en contra del proyecto, sin manifestarse sobre la propuesta de González Alcántara, pues la Corte apenas terminó la primera ronda de intervenciones.
Si este grupo se mantiene firme, ni siquiera la propuesta alterna tendrá ocho votos para convertirse en criterio obligatorio para todos los jueces.
