Por: Jorge Maldonado Díaz
El Congreso del Estado aprobó en segunda vuelta modificaciones a la Ley de Gobierno Municipal con el que se crea el órgano de la Justicia Cívica en todos los municipios de Nuevo León.
Al presentar el dictamen ante el pleno y someterlo a votación, los legisladores aprobaron la reforma por unanimidad.
Esta Ley también permitirá que los conflictos entre vecinos se puedan atender de forma anticipada y no lleguen a la judicialización o terminen en conductas delictivas.
Es decir, evitará conflictos de barrio como el de los vecinos ruidosos, bloqueo de cocheras o tomar bebidas alcohólicas en la vía pública.
Durante la lectura del proyecto se estableció que son cambios a los artículos 33 y 36 de la mencionada ley.
Una vez que sea publicada en el Periódico Oficial los municipios tendrán un plazo de 120 días naturales para realizar las reformas necesarias a sus Reglamentos Municipales.
“El municipio podrá aprobar, la creación de un Órgano de Justicia Cívica Municipal para dirimir los conflictos que se susciten entre vecinos, cumpliendo con los principios de independencia, igualdad, oralidad, economía procesal, inmediación, publicidad, audiencia y legalidad”, se establece en la reforma.
Cabe destacar que, los conflictos entre vecinos dentro de la zona metropolitana de Monterrey representaron el 73 por ciento de los conflictos cotidianos y el 50 por ciento de éstos se resolvieron a través del diálogo y otro tanto escaló a denuncias ante la Fiscalía.
El objetivo de esta Ley es que se privilegie la proposición de soluciones pacíficas de los conflictos que deriven faltas administrativas a través de la mediación.
Fue el pasado mes de diciembre que la iniciativa para crear dicha Ley fue firmada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los diputados locales y los alcaldes metropolitanos.
Desde los centros de detención se debe transformar la calificación y sanción de conductas antisociales a través de los Sistemas Municipales de Justicia Cívica, como sistemas preventivos y terapéuticos que atiendan las causas y las consecuencias de la violencia a través de intervenciones oportunas con capital social.
