Por: Jorge Maldonado Díaz
Ante los presuntos actos de corrupción que el Gobierno entrante ha denunciado en diferentes dependencias estatales, el Fiscal Anticorrupción, Javier Garza y Garza dijo que esperara las denuncias para proceder al trabajo de investigación.
El funcionario estatal señalo que ya ha habido acercamientos por parte de la administración estatal.
Específicamente señalo al el Área Jurídica de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Movilidad, dependencias que entregaron documentación que le habían solicitado al Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Lo anterior lo dijo luego de que el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda dijo que no descartaba la presentación de denuncias por actos de corrupción que han venido descubriendo.
“Esperemos que con el cambio de administración puedan haber unas denuncias y las atenderemos oportunamente, los funcionarios quieren estar enterados del estatus de las carpetas de investigación”.
“Institucionalmente colaboraremos y no es de ocultarse, no tenía yo denuncias con elementos de pruebas suficientes para poder proceder”.
“No dudo que lo más rápido posible vaya a tener una denuncia y actuáramos, no bajo las órdenes del gobernador, sino bajo la tutela de conseguir que las cosas se hagan bien”, manifestó.
Cómo se recordara, durante la administración del Bronco, la Fiscalía Anticorrupción abrió varias carpetas de investigación. Incluso se integraron otras que tenían que ver con los ayuntamientos de diversos municipios.
“Durante el gobierno de “El Bronco” se abrieron diversas carpetas por hechos de corrupción, así como 17 de los municipios metropolitanos, sin que hasta el momento un nuevo alcalde haya presentado una denuncia en contra de su antecesor”, menciono.
Cabe destacar que dentro de estas carpetas se finco responsabilidad penal en contra de dos funcionarios del Instituto Registral y Catastral.
Personas que recibieron una sentencia de 3 años de prisión por el desvío de recursos en esa dependencia y se ordenó la reparación del daño por un monto de 3 millones 553 mil pesos.
Ante tal situación, el fiscal se mostró positivo porque los responsables deberán pagar lo que determinaron los jueces.
“Un Tribunal Colegiado de Juicio Oral condenó a la esposa a 2 años de prisión y solidariamente pagar esos 3 millones de pesos, hace la declaratoria en el sentido que se les dio participación. Estamos esperando a que se resuelva en definitiva la apelación, ahí los jueces determinaron a favor del Estado y el tema está en litigio”, finalizó.