Washington.- El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones financieras contra altos funcionarios y entidades de Cuba, entre ellos el presidente Miguel Díaz-Canel, como parte de la política de presión que la administración de Donald Trump mantiene sobre la isla.
Las medidas fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro e incluyen al mandatario cubano, a su esposa Lis Cuesta Peraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta y a Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro. También fueron incorporados a la lista de sancionados otros integrantes del entorno familiar de la dirigencia cubana.
Además de las personas señaladas, Washington impuso restricciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y a diversas entidades vinculadas al aparato estatal cubano.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos que pudieran encontrarse bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y organismos incluidos en la lista.
La decisión se enmarca en la estrategia de endurecimiento de las sanciones contra Cuba impulsada por la administración Trump, la cual se fortaleció tras la firma de una orden ejecutiva emitida el pasado 1 de mayo que amplió las facultades para sancionar a personas y entidades vinculadas con sectores estratégicos de la economía cubana y con organismos considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, las medidas buscan incrementar la presión sobre el gobierno cubano y limitar las actividades de instituciones que Washington considera responsables de actos de represión, corrupción o amenazas a sus intereses.
Por su parte, las autoridades cubanas han rechazado reiteradamente las sanciones estadounidenses, al considerar que constituyen una forma de presión económica y política contra la isla. En diversas ocasiones, el presidente Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios han señalado que cualquier cambio en Cuba debe ser decidido por el propio pueblo cubano y han denunciado lo que consideran una política de injerencia por parte de Washington.
La nueva ronda de sanciones representa uno de los movimientos más recientes en el deterioro de las relaciones entre ambos países, en medio de un contexto marcado por tensiones diplomáticas, restricciones económicas y una creciente presión internacional sobre el gobierno cubano.
