Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el fin de darle prioridad al abasto para consumo humano y evitar la improvisación que agravó la crisis de 2022 en Nuevo León, la bancada Independiente en el Congreso Local presentó una Iniciativa de Reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento.
La diputada Rocío Montalvo Adame, aseguró que esto lo hizo para establecer la obligación legal de crear y aplicar un Plan de Emergencia ante crisis hídricas por sequía o escasez.
La legisladora dijo que con esto se busca blindar el derecho humano al agua incorporando a la ley la exigencia de que la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento elabore, apruebe y actualice anualmente un protocolo de acción, y que el Gobierno del Estado esté obligado a aplicarlo en situaciones de emergencia hídrica.
“La crisis de 2022 fue dolorosa, y miles de familias pasaron meses sin agua mientras algunas industrias mantenían su suministro. Esto demostró que hubo improvisación y que la falta de planes nos cuesta muy caro como sociedad. La gestión del agua no puede depender de la coyuntura política o de la ocurrencia del momento”.
Necesitamos un candado legal que obligue a planear y a actuar con justicia, poniendo siempre primero a las personas”, declaró Montalvo Adame.
La iniciativa surge tras analizar que, a pesar de que la Constitución Federal y tratados internacionales reconocen el acceso al agua como un derecho humano, la ley estatal no obliga a las autoridades a contar con un plan de emergencia ante sequías, esto deja vulnerable al estado y fomentó la desigualdad en la distribución del recurso durante la última crisis.
“Eso no es justicia hídrica. Esta reforma busca que, por ley, en una crisis el consumo humano y doméstico sea la prioridad absoluta y que exista un plan claro, conocido y aplicable para garantizarlo, con la menor afectación”, afirmó.
La reforma se basa en cuatro cambios clave a la Ley como la de definir e incorpora en la ley la figura del “Plan de Emergencia y Gestión ante Crisis Hídricas, Sequías o Escasez de Agua”.
Además, otorga a la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento la obligación de elaborar, aprobar y actualizar anualmente dicho plan, el cual debe incluir protocolos de activación, coordinación y medidas inmediatas de respuesta y establece que el Poder Ejecutivo deberá aplicar el plan aprobado por la Comisión cuando se declare una situación de crisis hídrica.
“No estamos buscando una reforma técnica nada más, eso es una respuesta directa al sufrimiento que vivieron las familias de Nuevo León. Es aprender de los errores y blindar nuestro derecho al agua. La ley debe ser una garantía de que nunca más se improvisará con un recurso tan vital”, sostuvo.
“Aprobar esta reforma con sentido de urgencia y responsabilidad. Se trata de cumplir con un derecho humano fundamental y de proteger a la ciudadanía de la improvisación. El agua es vida, y su gestión debe ser con planificación, transparencia y justicia”.
