La reforma judicial impulsada por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes el visto bueno definitivo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que permitirá que, a partir de 2025, todos los jueces del país sean electos por voto popular, incluyendo los cargos judiciales federales y locales.
Con esta decisión, la Corte rechazó un proyecto de sentencia que proponía limitar los cargos a ser votados por la ciudadanía, específicamente reservando esta elección solo para los jueces de la cúpula judicial, como ministros del Supremo y magistrados de tribunales electorales. El proyecto fue desechado con el respaldo de siete de los once ministros, cerrando así la puerta a una posible revisión de la reforma impulsada por el oficialismo, que busca renovar la judicatura ante los altos niveles de corrupción y privilegios percibidos dentro del sistema judicial mexicano.
La nueva reforma implica una de las transformaciones más profundas en el sistema judicial de México, ya que alrededor de 1,700 cargos judiciales federales deberán ser electos en las elecciones programadas para 2025 y 2027. Esto incluye jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte, quienes hasta ahora eran designados a través de un sistema interno de ascensos.
El debate en la Corte también se centró en el alcance de la reforma y su compatibilidad con los principios de la República Mexicana, particularmente en relación con la independencia del Poder Judicial. Mientras el bloque mayoritario en la Corte respaldó la reforma, señalando que el Congreso tiene la facultad de modificar la Constitución, la oposición argumentó que la reforma atenta contra la autonomía judicial y viola principios fundamentales, como la inamovilidad en el cargo de los jueces.
Con la validación de la reforma, el gobierno federal enfrenta un nuevo desafío: la organización de unas complejas elecciones judiciales a nivel federal y estatal, que serán coordinadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta reforma es vista como una apuesta de alto riesgo, pues cambiará el rumbo del poder judicial en el país, aunque también ha sido criticada por diversos sectores que advierten sobre sus posibles consecuencias para la estabilidad del sistema judicial y la seguridad jurídica en México.
