Arturo Salinas Garza, presidente del PJE señalo que esto representa un incremento del 11 por ciento en comparación con el que habían solicitado en el 2024 que fue de 3 mil 560 millones.
Al hacer la entrega de la documentación en la Oficialía de Partes en el Congreso Local, dijo que el recurso lo ocupaban para cubrir las 400 vacantes que hoy tienen y que necesitan debido a que el trabajo se les ha incrementado en un 20 por ciento.
“El Poder Judicial tiene casi 400 vacantes y estas plazas significan el 15 por ciento menos de personal porque no pudimos cubrir ninguna vacante desde el 2023 y 2024, y tenemos un incremento de casi un 20 por ciento en el número de trámites, tenemos 20 por ciento más asuntos y 15 por ciento menos personal”, señaló.
Salinas Garza dijo que han podido salir adelante haciendo uso de la tecnología, pero que ya es insostenible y que ocupaban ya de todo ese personal.
Informó que parte del presupuesto se utilizara en varios proyectos que beneficiaran a la ciudadanía.
Dijo que contemplan la construcción de un Nuevo Palacio de Justicia en el municipio de García y una remodelación del existente en el municipio de San Pedro, ya que el que se tiene ya es insuficiente y muy incómodo e inaccesible para personas que acuden en sillas de ruedas o en muletas.
Salinas Garza manifestó que quieren descentralizar los Centros de Convivencia Familiar, porque los que tienen ya son insuficiente y para las personas que requieren te este tipo de atención es muy incómodo porque vienen de zonas muy alejadas del estado.
“La gente se ha tenido que trasladar para llegar al Obispado o Apodaca, no importa que vivan en García, en Escobedo, en Santiago, o en Montemorelos, en cualquier lugar se tienen que trasladar y eso no es práctico”.
Estos centros estarían distribuidos en los municipios de San Pedro, San Nicolás, sur de Monterrey, Escobedo, García para poder brindar de manera geográfica a las personas que requieran de este servicio.
Por último, aparecen los proyectos de modernización tecnológica, seguridad de la información y la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Salinas Garza aseguró que por el momento no ha tenido ningún acercamiento con el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, pero tal y como se lo indica la ley acudirá con el Tesorero Carlos Garza Ibarra para hacerle entrega de la propuesta.
