Por: Jorge Maldonado Díaz
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos le exigieron este martes al Gobierno del Estado el pago completo correspondiente al salario de 7 mil trabajadores.
A través de un comunicado acusaron Samuel García Sepúlveda de ignorar la ley al retener el pago de sus nóminas.
Las dependencias afectadas señalaron que el recurso no se ha visto reflejado en las transferencias que la administración estatal asegura ya realizo el pago.
«El Gobierno del Estado, encabezado por Samuel García, está obstruyendo el ejercicio de labores del aparato del Estado al no dar el recurso que por ley les corresponde a los trabajadores y a los insumos mínimos que requieren para realizar sus labores» establecen en el comunicado.
«Exigimos se respete la ley, y que el Gobernador instruya a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, (a que) se libere ese recurso y se hagan los depósitos correspondientes.
Nuevo León, sus instituciones y sus servidores públicos no pueden seguir secuestrados por los caprichos y las imposiciones de Samuel García.
Las dependencias afectadas son el Congreso Local, el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado.
En el escrito se informa que las actividades de organismos autónomos y Poderes se están viendo afectadas debido a la falta de recursos, adicional a la falta de pago de nóminas, los organismos están recibiendo menos presupuesto de lo que les corresponde.
“Para ponerlo en contexto: en enero de 2024 con respecto al mismo mes del ejercicio 2023, la Auditoría Superior del Estado recibió 20 por ciento menos, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 20 por ciento menos”.
“Por su parte, el Instituto Estatal de Transparencia tuvo una reducción del 11 por ciento y la Fiscalía General de Justicia del 20 por ciento, en los casos del Poder Legislativo y el Poder Judicial, las reducciones fueron del 26 y 20 por ciento respectivamente”, indica.
Las dependencias señalan que mientras están batallando con los recursos, el ejecutivo estatal paga en tiempo y forma lo que gasta en las redes sociales.
Ese dinero, que los organismos no están recibiendo, compromete el funcionamiento diario de las oficinas.
Mientras se intenta proteger el sustento de más de 7 mil trabajadores y sus familias, al mismo tiempo se deben dirigir recursos que originalmente están destinados al pago de servicios dentro de las instalaciones.