Por: Jorge Maldonado Díaz
La Comisión Jurisdiccional se declaró lista para iniciar el proceso de análisis para sancionar al ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al Secretario General de Gobierno Manuel González Flores para el próximo martes 3 de enero del 2024.
Esto como parte de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ordenó sancionar a ambos exfuncionarios estatales.
Dicho proceso se debe a la recolección de firmas en beneficio del Bronco para ser candidato independiente en la elección presidencial del 2018.
Es decir, que durante el 2017 estos presuntamente orquestaron y operaron para que 572 funcionarios de 26 dependencias estatales recolectaran firmas para la candidatura presidencial del Bronco en horario oficial y con recursos públicos.
De acuerdo con la resolución Rodríguez Calderón y el Secretario de Gobierno faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.
El TEPJF tras emitir, le notificó al Congreso Local el pasado jueves 14 de diciembre la resolución y le dio cinco días hábiles para aplicar la sanción.
Pero como se atravesó el periodo vacacional decembrino, el Poder Legislativo le notificó a los ministros que ya se le estaba dando atención al ordenamiento y que sería el 3 de enero cuando iniciarían el análisis, esto con la intención de no caer en desacato.
Cabe destacar que durante el proceso tanto el gobernador de Nuevo León como su secretario de Gobierno, Manuel Florentino González Flores, pretendían revocar y que no se le ordene al Congreso local que les imponga una sanción, al argumentar que no se les dio el debido derecho de audiencia, que el Congreso local no es su superior jerárquico y que la Sala Especializada se extralimitó al ordenar la determinación de una sanción.
El TEPJF no lo consideró así y hecho para abajo los argumentos de los dos exfuncionarios por lo que le ordenó de nuevo al Congreso Local sancionar a ambos.
En sesión pública, la magistrada y los magistrados determinaron confirmar la sentencia impugnada, ya que la misma fue notificada correctamente por estrados a los actores, de ahí que no estén en posibilidad de impugnar las consideraciones relacionadas con el fondo de la decisión de la Sala Especializada.
Debido a que las normas electorales no prevén la posibilidad de que el TEPJF pueda imponer de manera directa una sanción a este tipo de servidores públicos, ordenó comunicar la determinación al Congreso del Estado de Nuevo León.
