Por: Jorge Maldonado Díaz
Para evitar que se repita una tragedia como la ocurrida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Congreso Local solicitó la inspección y vigilancia a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración existentes en Nuevo León.
La diputada Norma Benítez Rivera, de la bancada de Movimiento Ciudadano, pidió también capacitación al personal en relación a los protocolos de contingencias en albergues, refugios o estaciones migratorias.
Lo anterior con el único objetivo de prevenir y salvaguarda de la integridad física de los migrantes que hacen uso de estos lugares.
Cabe destacar que durante la sesión realizada este miércoles, los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de las victimas de la tragedia ocurrida el pasado martes donde murieron 39 personas.
“Además, se realiza un atento y respetuoso exhorto al titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, desarrolle, coordine e implemente políticas públicas encaminadas a la atención integral de migrantes en tránsito, no regulados, así como aquellos que han solicitado refugio o asilo con el fin de garantizar sus derechos fundamentales”, refirió.
Benítez Rivera dijo que era necesario la coordinación de los tres niveles de gobierno para brindar protección a este tipo de espacios.
“Nos advierte, a los estados donde se han concentrado los nuevos flujos migratorios que debemos estar preparados para coordinar, prevenir y atender las contingencias con perspectiva de derechos humanos en esta nueva configuración demográfica.
“En ese sentido, ante la creciente demanda para garantizar la asistencia humanitaria de la población migrante en vulnerabilidad se requerirá el apoyo y coordinación efectiva de todos los niveles de gobierno, la gobernanza migratoria necesariamente se debe plantear con un enfoque regional”, refirió.
La legisladora aseveró que el Instituto Nacional de Migración (INM) tienen la rectoría de la política pública en materia de migración, pero la mayor responsabilidad recae en las dependencias estatales, así como las organizaciones de la sociedad civil quienes se han encargado de brindar asistencia humanitaria como alojamiento, sanidad y alimentación de los más necesitados.
