Especialistas del Foro Nuevo León Mañana sobre Seguridad y Justicia enfocado a la reinserción social llamaron a consolidar los avances que permitieron a Nuevo León mejorar la calificación nacional de sus centros penitenciarios y trabajar para erradicar la estigmatización de las personas que han sido privadas de su libertad.
Organizado por el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica en coordinación con Institución Renace, ABP, el evento reunió a funcionarios dedicados a la incorporación a la sociedad de personas privadas de su libertad, así como a organizaciones sociales y académicos, que también coincidieron en trabajar más en la prevención de los delitos.
Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, informó que junto con la Agencia de Administración Penitenciaria (AAP) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se trabaja en un programa para resolver los factores y problemas que influyeron en la conducta delictiva.
“El proceso de intervención involucra la gestión de apoyo económico, terapias familiares en grupo e individuales y apoyo para identificar intereses laborales para la vida en libertad; el programa involucra también un año de seguimiento”, detalló.
Este tipo de procesos de intervención con participación de organizaciones de la sociedad civil, así como el programa social Familias con Futuro, la construcción de un centro de readaptación femenil y el cierre del penal de Topo Chico fueron algunos aspectos positivos en la materia en la administración estatal que está por concluir.
Raúl Ferráez Arreola, comisario general de la AAP, refirió que, aunque actualmente se cuentan con 8,721 espacios y hay 8,600 personas privadas de su libertad en los diferentes centros penitenciarios del estado, se busca ampliar la capacidad y cumplir con distintos parámetros de calidad.
“Tenemos requerimientos y estándares propuestos por distintas organizaciones para resguardar las condiciones apropiadas, estándares de profesionalización adecuados, cumplimiento de programas de formación y evaluación de desempeño”.
Carmen Garza T Junco, presidenta del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, invitó a poner a las personas privadas de su libertad en el centro de la discusión y reconocer su dignidad, para atenderlas desde distintos frentes.
“Les invito a visibilizar lo invisible; a darnos cuenta de que su vida no se detiene cuando están en el interior y de la necesidad de proveer herramientas para que puedan salir y que puedan tener una vida más justa”, refirió la también presidenta de Fundación Comunidar.
Entre los retos para la reinserción social, estuvieron la información sobre las personas que genera el propio sistema penitenciario, la incertidumbre jurídica presente en varios casos, principalmente en jóvenes, así como el escaso presupuesto asignado al tema.
“El sistema penitenciario es uno de los eslabones olvidados de la cadena de seguridad y justicia, en la sociedad permea una visión más punitiva que de reinserción; también está presente la estigmatización y el desconocimiento”, concluyó el director del Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León, Oswaldo Morales.
En el foro también participaron Ana Fernanda Hierro Barba, directora de Consejo Nuevo León; Oscar Rocha Dabroswki, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de Consejo Nuevo León; Olga Méndez Arellano, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Javier Navarro Velasco, presidente del Consejo Cívico; y Ana Luna Serrano, directora de CADHAC.
También, Nínive Cruz Tapia, de USAID México; Laura Cora Bogani, investigadora del Centro de Estudios de Justicia de las Américas; Moisés Ramírez Martínez, subdirector de Reinserción Social del Cereso 1 de Nuevo León; y Edgar Márquez Alfaro, director de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sistema de Justicia Penal del Estado.
Asimismo expusieron Miguel Sarre, docente e investigador del ITAM; María Sirvent Bravo Ahuja, directora de Documenta A.C; Sonia Martínez Mireles, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales del Estado; y Jimena Cándano Conesa, directora ejecutiva de la Fundación Reintegra
