Por: Jorge Maldonado Díaz
Con la finalidad de ampliar la participación ciudadana en las decisiones que se toman dentro del Consejo Administrativo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento.
Jaime Noyola, representante de este organismo dijo que se trata de modificaciones al artículo de la mencionada ley, ya que actualmente existe poca representación de los usuarios en el Consejo porque actualmente la mayoría de sus integrantes corresponden a cámaras empresariales.
“Venimos como Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros a presentar un punto de acuerdo para que el Congreso modifique o haga cambios en el artículo 5 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento”, señaló.
Dentro de los señalamientos también se pidió que se garantice la participación de los municipios que forman parte de Agua y Drenaje, en lugar de que únicamente un alcalde designe a un representante para todos.
Dicha representación municipal sea rotativa, con el objetivo de ampliar la participación de los ayuntamientos en las decisiones del organismo.
“Creemos que es válido por la cuestión de la transparencia y de darle más representatividad real a los usuarios”, afirmó.
El representante de la Alianza también pidió eliminar el cargo fijo que se aplica en los recibos de agua a usuarios con determinados niveles de consumo, al considerar que no cuenta con un fundamento legal y representa un cobro discrecional.
Asimismo, cuestionó los incrementos registrados en las tarifas y señaló que, de acuerdo con sus cálculos, desde abril de 2022 se han aplicado 53 aumentos, que representarían un incremento acumulado de 78 por ciento en los servicios.
Noyola sostuvo que la falta de claridad sobre quién representa actualmente a los usuarios dentro del Consejo limita la defensa de sus intereses, particularmente ante el incremento en los recibos.
Finalmente, destacó que la organización ha recurrido a instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Consumidor para atender problemáticas de los usuarios, por lo que consideró necesario que esa representación también tenga una participación efectiva dentro del Consejo de Administración.
