Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de disminuir los índices de criminalidad en Nuevo León, la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso Local solicito la creación del Instituto de Reinserción Social dentro del organigrama del Gobierno del Estado.
El diputado Héctor García García dijo que era responsabilidad del Gobierno Estatal de lograr la reinserción social de los internos de los penales.
“Es obligación y responsabilidad de los gobiernos lograr una reinserción social de las personas privadas de la libertad y así contribuir de manera importante a la disminución de los índices de criminalidad y reincidencia delictiva”, aseguró.
García García indicó que desde el Congreso Local las legisladoras y legisladores deben impulsar las políticas públicas necesarias mediante la consolidación de los procesos de prevención, readaptación y reinserción social.
El diputado emecista que la reinserción social de los internos no podrá ser posible si estas no se integran a la sociedad.
“En las personas privadas de la libertad, se requiere proporcionar mecanismos necesarios que les permitan reintegrarse a la sociedad mediante trabajo, capacitación, educación, salud y otras acciones”, manifestó.
Por otra parte, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó un exhortó al titular de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado, para que el comprobante de matrimonio deje de ser obligatorio en la autorización de visitas íntimas en los penales de Nuevo León.
La diputada Norma Benítez señaló que en 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se cambió el concepto de “visita conyugal” a “visita íntima” al considerarse más apropiado, neutral y amplio en su interpretación tanto para aquellos reclusos que tengan conformada una familia como para los que no.
Sin embargo, Nuevo León persiste en mantener el concepto de visita conyugal, lo que implica la necesidad de comprobar mediante acta de matrimonio la relación filial con la pareja.
Esto evidencía, por un lado, la falta de armonización jurídica con la legislación federal, y por otro, una imposición administrativa que adiciona trámites y burocracia para quienes solicitan visitas íntimas, agravando la condición de personas internas en situación de vulnerabilidad como lo es la comunidad LGBTIQ+, dificultando garantizar el respeto a sus Derechos Humanos por causa de identidad de género.
