Monterrey, NL.- En su más reciente edición del “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgó al Sistema Penitenciario de Nuevo León una calificación de 8.06 (de una escala de 10.00) que le ubica como el 3er lugar Nacional.
Anteriormente esa clasificación que se basa en condiciones de estancia e internamiento de las personas privadas de la libertad, el respeto y la observancia de los Derechos Humanos, colocaba a la entidad en sitios que iban del 22 al 28, como sucedió en el 2017.
El contenido de dicho documento se integra de las observaciones que hacen los funcionarios de dicho órgano derecho-humanista en sus visitas de campo en los Centros Penitenciarios del país, y basan sus conclusiones en el análisis de 5 rubros:
- Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad,
- Aspectos que garantizan la estancia digna;
- Condiciones de gobernabilidad;
- Reinserción social de las personas privadas de la libertad; y
- Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.
Adicional a estos rubros y atendiendo al contexto sanitario actual se analizaron también por igual las acciones implementadas por el sistema penitenciario para contener la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS –CoV2 (COVID-19), que ha permitido que del total de personas privadas de la libertad en el país contagiadas (3015) Nuevo León únicamente reporte 16 casos, correspondiente a personas privadas de la libertad de nuevo ingreso que ya se encuentran recuperadas, representando únicamente el 0.53% del total nacional.
Dentro de los elementos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó en el sistema penitenciario de Nuevo León, se encuentra que se observó una adecuada atención en los siguientes temas:
- Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad;
- Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior;
- Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro;
- Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad del centro (autogobierno/cogobierno);
- Capacitación del personal penitenciario;
- Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos);
- Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización);
- Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias;
- Actividades deportivas, educativas, laborales y de capacitación;
- Integración del expediente técnico-jurídico;
- Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad;
- Atención a personas adultas mayores, indígenas y personas que viven con VIH/SIDA.
La calificación otorgada viene a confirmar de manera sustancial que las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de Nuevo León en el esquema de reingeniería penitenciaria que se ha propuesto se encuentran alineadas al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y a las mejoras en la infraestructura penitenciaria que ha impulsado la actual administración estatal.
