Por: Jorge Maldonado Díaz
El Observatorio Ciudadano arremetió en contra de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción por el pobre desempeño que han tenido y del Congreso Local por el desinterés para hacer que este organismo opere como debe de ser.
Al presentar el segundo informa de avances del SEA, se destacó la falta de resultados y la opacidad de este órgano.
A tal grado que Carmelo Cattafi, miembro del Observatorio y catedrático del Tecnológico de Monterrey dijo que de las 3 mil 135 denuncias de octubre de 2015 a septiembre de 2021, sólo se tradujeron en 393 sanciones, entre las cuales 35 fueron destituciones.
“Pese a que entre sus responsabilidades principales está la transparencia del Gobierno del Estado en el historial de la Contraloría no aparecen publicadas resoluciones ni laudos emitidos”, refirió.
Durante la rueda de prensa señaló que mucho de la inoperancia del SEA se debe a que no está completo el Comité de Participación Ciudadana y el Comité de Acompañamiento, lo que mantiene parado a este importante organismo.
Señaló que la situación es tan critica que en la actualidad existe un rezago de más de 2 mil expedientes en fase de investigación y de 4 mil asuntos en proceso sancionador.
“Los órganos ciudadanos que forman parte de estos sistemas, están incompletos y gran parte de la responsabilidad corresponde a los Congresos Locales, pues son quienes deben impulsar los proceso para completar las vacantes que se vayan presentando”, reveló en entrevista.
“Durante el primer año estuvo integrado en su totalidad con cinco personas, mientras que en el segundo solo tenía tres integrantes, en el tercer año solamente dos, en la actualidad el CPC cuenta con uno”.
Cattafi cuestionó a los diputados porque en 36 meses la Comisión Anticorrupción sesionó en 15 ocasiones, es decir, un promedio de una sesión cada 4 meses.
Sin embargo, de las 15 sesiones sólo 9 fueron con temas que impactan al Sistema Estatal Anticorrupción.
Señaló que el combate a la corrupción, continúa quedando como materia pendiente, por lo que los participantes en el análisis urgieron los nombramientos de los integrantes faltantes.
«Durante estos 3 años de operación del Comité de Participación Ciudadana, el organismo cumplió con 15 de 21 de sus atribuciones legales, es decir, un 71.5 por ciento de sus responsabilidades, la mayoría de corte administrativo”, refirió.
