Por: Jorge Maldonado Díaz
Finalmente, la amenaza de Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León quedó consumada, Nuevo León inicio el 2024 sin presupuesto.
Lo anterior luego de que el mandatario estatal decidió no entregar la Ley de Egresos tal y como lo marca la ley.
Y aunque ha manifestado que al no haber un paquete fiscal aprobado, aplicaría de inmediato el aprobado durante el 2023.
Los legisladores mantenían la esperanza que antes de la finalización del presente año, el ejecutivo estatal cambiaría de opinión, pero no fue así.
Esta situación no solo pone en peligro las arcas estatales, también a los municipios, al Instituto Estatal Electoral y a la Fiscalía General de Justicia.
En el caso del estado, Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancad del PAN fue muy claro, no podrán expedir un solo cheque, caerían en irregularidades.
“Yo ya les advertir si sacan un solo cheque sin que el presupuesto de haya aprobado por el Congreso, caerán en una responsabilidad y en un delito y tendremos que poner las denuncias correspondientes”.
“La falta de Presupuesto para el 2024, dejará a Nuevo León en una situación de riesgos económicos, debido a que el Gobierno del Estado quedará financieramente inoperable”.
El legislador albiazul manifestó que el que el Gobernador Samuel García no haya presentado el presupuesto podría poner en peligro todos los ingresos del 2024, impidiendo la emisión de cheques y comprometiendo el desarrollo económico del estado.
Cabe destacar que al no entregar el Gobernador Samuel García el Paquete Fiscal 2024 completo, el Congreso no aprobó la Ley de Ingresos de los Municipios para el próximo año y ello derivaría en que el cobro de ese impuesto esté en duda.
Si la Ley de Ingresos de los Municipios no se expide de nuevo para el 2024, los impuestos y derechos que en ésta se establecen no podían cobrarse o, de hacerlo, podrían generar una ola de amparos.
Por último, cabe señalar que en dado de que no se presente el Presupuesto 2024, el Instituto Estatal Electoral utilizaría la misma cantidad que se le designó en el 2023, esto afectaría seriamente a la elaboración del proceso electoral.
Al respecto, la Fiscalía General de Justicia en el Estado analiza acciones legales en caso de mantenerse el presupuesto del 2023 el próximo año, dado que requiere de mayores recursos para capacidad operativa y contratación de personal.
