La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de bloquear la elección judicial programada para el primer domingo de junio y de actuar en contra de la reforma constitucional respaldada por el Congreso y el pueblo de México. Estas declaraciones, realizadas durante su conferencia matutina en Acapulco, Guerrero, provocaron una respuesta inmediata del máximo tribunal del país.
Sheinbaum señaló tres acciones clave que, según ella, los ministros de la Corte han emprendido para frenar la reforma judicial:
- Amparos contra la transferencia de fideicomisos: Señaló que los ministros han interpuesto amparos para evitar que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial sean transferidos a la Tesorería de la Federación, a pesar de que, según la mandataria, la Constitución es clara al respecto.
- Interrupción de los trabajos de la Comisión del Poder Judicial: Afirmó que la Corte ha bloqueado los avances de dicha comisión, argumentando que el amparo no aplica en casos de reformas constitucionales.
- Reducción de prestaciones a trabajadores: Según Sheinbaum, la Corte está usando el recorte presupuestal para justificar una disminución de las prestaciones de los empleados del Poder Judicial, lo que considera una violación a la Constitución, que protege estos derechos.
La presidenta también acusó a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, de solicitar una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para pedir una ampliación presupuestal, algo que, según Sheinbaum, no sería necesario si los ministros redujeran sus prestaciones.
Respuesta de la SCJN
El pleno de la Suprema Corte emitió un comunicado en el que desmintió varias de las acusaciones y explicó sus acciones recientes:
Reducción de salarios y adecuación constitucional: La Corte informó que aprobó una reducción del 50% en las remuneraciones de los ministros y de 330 servidores públicos de alto nivel para cumplir con las disposiciones constitucionales, sin afectar al personal operativo ni sus prestaciones.
Solicitud de ampliación presupuestal: La SCJN justificó la solicitud de recursos adicionales como una medida para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, ante los recortes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024.
Impacto del recorte presupuestal: Según la Corte, la reducción del presupuesto podría afectar significativamente la operación del Poder Judicial y el cumplimiento de los derechos laborales establecidos en la Constitución.
El comunicado también destacó que la administración y ejercicio presupuestal de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) son independientes, por lo que las afectaciones derivadas del recorte presupuestal son distintas para cada órgano.
