Por: Jorge Maldonado Díaz
Por mayoría, la Comisión Anticorrupción aprobó que sea el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva si el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda debe ser destituido o inhabilitado del cargo por no haber presentado a tiempo el Presupuesto de Egresos 2023 y por no publicar los decretos avalados por el Congreso Local.
La denuncia fue presentada el pasado 12 de diciembre del 2022 por José Luis Garza Ochoa, presidente estatal del PRI y Annia Gómez, diputada federal del PAN.
“En una interpretación conforme se aplica la forma en la que aplicara el artículo 203 segundo párrafo dentro del expediente numero 16283/76 respecto al servidor publico denunciado, Samuel García Sepúlveda Gobernador de Nuevo León resuelve en una interpretación conforme al artículo 2023 particularmente de la porción normativa que refiere en caso de esta soberanía determine en el momento procesal oportuno por lo menos las dos terceras partes de la legislatura si a lugar el procedimiento”.
“Pero nos será aplicable la separación del cargo del servidor publico por ese solo hecho, ya que dicha separación del cargo le corresponde determinarla al Tribunal Superior de Justicia en la resolución final del procedimiento en carácter de destitución o en su caso de inhabilitación de conformidad con lo establecido por la ley”, señala la resolución.
Carlos de Fuente, del PAN, dijo que se quitó la posibilidad de removerlo de inmediato del cargo porque se pasa la responsabilidad al TSJ.
Los diputados decidieron no violar los derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República dentro del presente juicio político dentro del expediente legislativo número 16283/LXXVI respecto del servidor público denunciado.
Como era de esperarse, la bancada de Movimiento Ciudadano se inconformo por la resolución al señalar en voz de Sandra Pámanes Ortiz que este procedimiento estaba ya caduco, vencido y que no tiene razón de ser.
Señalo que el juicio político no era razón de ser, y menos que sea el Tribunal Superior de Justicia la encargada de resolver este asunto.
Y aseguró que este tipo de acciones lo único que estaba ocasionando era una pérdida de tiempo.
“Lo siguen presentando y con un acuerdo en el que intentan ahora enviar la responsabilidad o la pelotita al tribunal superior y de alguna manera que esto se vote en este momento y al mismo tiempo, pues sobre todo miras que hay alguna otra situación a nivel federal en ese mismo tribunal, y parece curioso que lo hagan”, manifestó.
