Por: Jorge Maldonado Díaz
Por cuarta ocasión en menos de una semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo a una empresa pedrera contra el cobro del impuesto verde.
De acuerdo con especialistas jurídicos al ser ya mucha la protección jurídica contra el pago de este gravamen, estaría generando una jurisprudencia en contra de este impuesto estatal.
Es decir, el tribunal resolvió que el gravamen infringe principios constitucionales en materia tributaria, por lo que el cobro transgrede las normas de rectoría económica o invade competencias entre la federación, los estados o los municipios.
La empresa beneficiada que presentó este recurso jurídico alegando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Hacienda del Estado es la pedrera Productos Caliza.
En la resolución, los ministros de la SCJN se consideró que el impuesto carece de una limitación clara que distinga de las actividades que son reguladas por la Federación.
“El proyecto propone revocar la sentencia del Juzgado de Distrito y conceder el amparo contra varios artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León que regula un impuesto por contaminación en la extracción de materiales pétreos”.
“En tanto el impuesto local carece de una limitación lo suficientemente clara que distinga los procesos y materiales extractivos que constituyen el impuesto respecto de las actividades de minería cuya regulación corresponde exclusivamente a la Federación”, señala el veredicto final.
La ministra Lenia Batres señalo en su resolución señalo que en impuesto verde es impreciso.
“La sentencia se limita a reconocer que las normas locales adolecen de una imprecisión normativa que impide identificar con claridad si el objeto del tributo pertenece a la esfera competencial de la federación”, indicó.
Al momento de someter a votación el acuerdo este se avaló con un total de seis votos por parte de los ministros Giovanni Figueroa, Loretta Ortiz, Irving Espinosa, María Estela Ríos, Arístides Guerrero y Sara Irene Herrerías.
Apenas la semana pasada las empresas Granix y Triturados El Roble, le habían ganado la partida al Gobierno del Estado al obtener está protección contra el pago de este impuesto.
El 8 de julio pasado a una empresa dedicada al manejo de cal o yesos obtuvo el mismo beneficio.
En los cuatro asuntos, la SCJN ordeno también que les fueran regresados los pagos que estas empresas habían realizado con antelación.
