Por: Jorge Maldonado Díaz
El Gobierno del Estado sufrió un fuerte revés luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó contra el cobro del Impuesto Verde a dos empresas pedreras ubicadas en Nuevo León.
La determinación de los ministros para llegar a esta resolución fue bastante clara, el cobro de este gravamen invade competencias federales.
Ante esa determinación, el dictamen fue sometido a votación durante la sesión, este fue aprobado por mayoría.
La primeara empresa beneficiada con la resolución a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León fue la empresa Granix.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf determino en el amparo 596/2025 que la ley estatal invadía la competencia tributaria de la federación.
“La propuesta es conceder el amparo, se determinó que son inconstitucionales por invadir la competencia tributaria exclusiva de la Federación”.
«Se precisa que esta potestad debe ejercerse dentro del sistema de distribución de competencias establecido por la Constitución federal, en particular el Artículo 73, fracción 29, reserva a la Federación la facultad de establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27 constitucional”, señala el acuerdo avalado.
El segundo caso se centró en la empresa Triturados el Roble quien solicito la protección federal en contra del pago de este gravamen emitido por la administración encabezada por Samuel García Sepúlveda.
De acuerdo con la resolución de la ministra Sara Irena Herrerías Guerra en el amparo 593/2025, determina la existencia de una violación constitucional de los Artículos 118 al 123 de la Ley de Hacienda del Estado, donde se estipula el cobro de este gravamen.
En la determinación de las ministras no solo anulo el pago a este impuesto, se le pide al Estado a regresar los recursos que ya fueron pagados por la parte afectada, incluyendo las actualizaciones.
Los dos casos fueron aprobados por mayoría con seis votos a favor y dos en contra de los ministros Hugo Aguilar y Yasmín Esquivel.
La resolución de ambos amparos causara efectos en las arcas estatales porque se dejaría de cobrar unos 2 mil 500 millones de pesos.
Este sería el tercer caso que pierde la administración estatal, ya anteriormente se le otorgo el mismo beneficio a una empresa yesera.
