Por: Jorge Maldonado Díaz
Las pugnas entre el Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda y el Congreso Local parecen no tener fin, ya que este lunes el mandatario estatal remitió a los legisladores las observaciones al inconformarse por el proceso de la convocatoria lanzada por el Poder Legislativo para la elección de un nuevo integrante del Consejo de la Judicatura.
En el escrito que se entregó en la Oficialía de Partes se menciona que al realizar la revisión se detectaron irregularidades.
Fue Ulises Carlin de la Fuente, titular de la Consejería Jurídica del Gobernador quien hizo la entrega del documento.
Entre las presuntas anomalías que menciona el ejecutivo estatal destaca que la convocatoria fue aprobada en un período extraordinario que no cumple con los requisitos constitucionales para que este se pudiera realizar.
Y por si esto no fuera suficiente, el mandatario estatal destaca que a los interesados en el cargo se les debió de haber solicitado como requisito la carta de no antecedentes penales, situación que no se cumplió.
“Se presentó un documento con observaciones a la convocatoria para consejero de la Judicatura que emitió el Congreso”, expresó.
“Hacer observaciones no es que se esté en contra, el hacer observaciones es derivado de irregularidades que encuentra el Ejecutivo y se las hace de conocimiento al Poder Legislativo”.
El funcionario estatal aseveró que tampoco se tomo en cuenta si los aspirantes están ligados a algún otro ente.
“La primera observación que se hace es que la convocatoria no debió hacer sido dentro de un periodo extraordinario, que en el tema de que para ser Consejero de la Judicatura se requiere acreditar que no exista una vinculación con ningún otro ente por parte y que se pida, en dado caso, la carta de antecedentes no penales”.
“Esas son las principales observaciones que se hacen por parte del Ejecutivo al Congreso”, refirió.
Carlín de la Fuente dijo que al Ejecutivo sólo le corresponde observar el contenido del acuerdo y su legalidad.
Pero que los efectos de ello sobre el proceso establecido para elegir al nuevo consejero de la Judicatura, es decir, si se suspenden los términos de la convocatoria, los debe definir el Congreso.
