Por: Jorge Maldonado Díaz
En el marco del regreso a clases, la diputada independiente Rocío Montalvo Adame exigió al gobierno estatal que garantice de inmediato el acceso a las tarifas preferenciales del transporte público a estudiantes y grupos vulnerables.
La legisladora dijo que esta petición representaba un derecho consagrado en la ley, pero sistemáticamente estaba violado.
«Cada peso que un estudiante o un adulto mayor gasta de más en el transporte es un peso que le quitamos a su alimentación, de sus medicinas o a sus materiales educativos. Esta negligencia es inaceptable», declaró con firmeza la legisladora.
Denunció que la prometida modernización del sistema se ha convertido en la mayor barrera para los más vulnerables. A pesar de que el Artículo 70, Fracción III de la Ley de Movilidad establece estos descuentos obligatorios para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados y otros más, la combinación de alzas desproporcionadas y la imposibilidad de registrarse hace que el derecho sea letra muerta.
«El pasaje del Metro subió de $4.50 a $9.40, y el de las rutas ‘Muevo León’ hasta $15.80. Hubo un tarifazo, seguirá subiendo y continúa bloqueada la puerta de acceso a estos descuentos. Es una burla», acusó Montalvo.
La crisis se agudiza con el ciclo escolar que recién inició. Según reportes de medios, los estudiantes gastan semanalmente entre $200 y $280 pesos en pasajes.
Además, dio el ejemplo de que un adulto mayor que utilice el metro dos veces al día, destina hasta $558 pesos mensuales en transporte, lo que representa el 18% del monto de una pensión «Para el Bienestar».
La legisladora recordó la ironía de que este mismo gobierno demostró una capacidad operativa ejemplar para registrar masivamente a personas durante el proceso electoral y repartir el incentivo “Me Muevo” de 225 pesos.
«Si pudieron hacerlo para un programa curiosamente en época de campañas, ¿por qué no pueden hacerlo ahora para cumplir la ley?»
El Punto de Acuerdo exhorta al gobernador Samuel García para que gire instrucciones a los titulares del IMA y Metrorrey para actuar en un plazo máximo de 10 días hábiles, y se reactive inmediatamente el registro para la tarifa preferencial para todos los grupos, de forma virtual en la app Urbani y de manera presencial instalando módulos de atención suficientes en todas las estaciones del Metro sin costo para el usuario.
«La ciudadanía de Nuevo León ya no espera más diagnósticos, no les estamos pidiendo favores a nadie, sino exigiendo el cumplimiento de un derecho que la ley ya les otorgó. El tiempo de las simulaciones ha terminado», advirtió la diputada.
