Jorge Maldonado Díaz
Monterrey.- Por considerar que es ilegal el Reglamento que emitió la Agencia Estatal del Transporte para regular el servicio de taxi privado vía plataformas, la bancada de Movimiento Ciudadano demandó reformar la actual Ley de Transporte para establecer en éstas las reglas que estos deberán operar.
La legisladora local, Karina Barrón Perales planteó esta propuesta de reforma debido a que el Gobierno del Estado pretende regular el servicio mediante acuerdos “ilegales” y ante la falta de una legislación por la supuesta “omisión” de los legisladores locales.
“No se debe a través de un acuerdo regular actividades que deben estar establecidas en la Ley de la materia, porque se violan los principios y garantías de legalidad y seguridad jurídicas”.
“Además, el titular se arroga facultades que corresponden al Legislativo, porque deben regularse también en la Ley de Ingresos del Estado, misma que en ningún rubro prevé ingresos de esta naturaleza. ¿En qué lo va a gastar? ¿quién lo autorizó?, ¿cómo se reportará en la Cuenta Pública?”.
El planteamiento hecho por la legisladora busca darle certeza legal a los más de 30 mil conductores de plataformas digitales y sus familias, y por otro lado evitar la firma de acuerdos “ilegales” entre las empresas de transporte tipo Uber y el Gobierno del Estado, lo cuales tienen fines únicamente recaudatorios.
La iniciativa denominada “Del Servicio Público de Transporte Especializado a través de Aplicaciones Tecnológicas”, mantiene el cobro de un impuesto del 1.5 por ciento por viaje, pero señala requisitos menos estrictos para la operación del servicio a fin de dar certeza legal a los más de 30 mil conductores de plataformas digitales y sus familias.
Entre los requisitos que establece la propuesta para los conductores y las empresas, se encuentran el contar con una licencia, tarjeta de circulación póliza de seguros, y estar al corriente en sus obligaciones fiscales.
La obligación de las empresas de redes de transporte de obtener registro en el Instituto de Control vehicular, previo pago de derechos establecido en la legislación correspondiente.
