Por: Jorge Maldonado Díaz
Con el objetivo de crear una nueva ley de transparencia que garantice el acceso a la información, la rendición de cuentas y la vigilancia del dinero público en Nuevo León, REGIOPODER presentó al Congreso del Estado la iniciativa Ley Ojo Regio.
Esto al señalar que la actualización de la ley de transparencia ante las reformas federales en la materia debió haberse concretado desde el pasado mes de junio.
Ante esta realidad, REGIOPODER está impulsando una alternativa seria, técnica y
construida desde la sociedad civil que parte de un principio básico: la información
pública es de la gente, no del gobierno.
“Venimos como ciudadanos a proponer la homologación de la ley de transparencia del estado, para tener acceso a todos los datos que son de todos los nuevoleoneses y tener una mejor vigilancia de cómo se utilizan nuestros recursos públicos”, señaló Fernando Canales Stelzer, presidente de la Comisión de Cuentas Claras de REGIOPODER, durante la entrega de la iniciativa.
La propuesta incorpora un elemento innovador: la creación del Consejo de Transparencia, un órgano ciudadano con dientes, integrado por representantes de la sociedad civil, cámaras y universidades, con autonomía real y capacidad para resolver solicitudes, evaluar el cumplimiento de sujetos obligados y sancionar a quienes oculten información o incumplan la ley.
“El Consejo de Transparencia está integrado por tres miembros de gobierno, cuatro de universidades y cinco de cámaras empresariales. Va vigilar que todas las dependencias suban la información a sus portales para que el público la pueda ver.
Tendrá la facultad de sancionar a los funcionarios que no cumplen los requisitos”, afirmó Juan Carlos Pérez Góngora, miembro fundador de la organización REGIOPODER.
Cabe destacar que la Ley Ojo Regio contiene 185 artículos de vanguardia en materia de transparencia, acceso a la información y vigilancia ciudadana, propone crear el Consejo de Transparencia, un órgano ciudadano independiente con facultades para revisar, evaluar y sancionar a los sujetos obligados.
Este Consejo de Transparencia estaría integrado por miembros propuestos por la sociedad civil, universidades y cámaras empresariales, además de funcionarios públicos, que serían minoría, establece reglas claras para la publicación, actualización y verificación de
información pública.
Además, fortalecerían los mecanismos de acceso a la información y mejora los plazos
de respuesta ante solicitudes de información e introducirían controles efectivos para que cada peso público se pueda ver y revisar sin trabas.
